La escena nacional fue sacudida por una conferencia que dio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde denunció cómo titulares de movimientos sociales utilizaban los planes asistenciales como método de apriete y extorsión.

Los hechos son doblemente agravados ya que estas personas eran quienes debían velar justamente por el bienestar social de personas en situación de vulnerabilidad.

Dirigentes sociales obligaban a pacientes oncológicos a participar en manifestaciones bajo amenaza de quitarles el acceso a los medicamentos necesarios para su tratamiento, o utilizando a niños a cambio de un bono para los padres.

“Es increíble como el poder prostituido de quienes se han planteado como los dueños de la política social han terminado en los casos más aberrantes, más brutales, que harían llorar a cualquier argentino”.

Patricia Bullrich

Desde la asunción del presidente Milei, se han recibido más de 80.000 denuncias de extorsión, abuso y coerción relacionadas con la política social. Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que estas denuncias revelan una trama de terror en la que los ciudadanos vulnerables son manipulados y explotados sin piedad por aquellos que ostentan el poder.

LOS PLANES SOCIALES DE LA TRATA

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona; el Gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el Ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich; y el Diputado de Chaco, Ivan Gyöker,… pic.twitter.com/PE7qdGbtBu

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 14, 2024

La ministra Bullrich nombró cinco casos concretos que fueron denunciados a esta línea, algunos de manera anónima, otros donde se preservó el nombre del denunciante para evitar represalias:

Camioneros. Una persona denunció al Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), que encabeza Pablo Moyano, que le obligaban a afiliarse a este sindicato de camioneros de la costa (una filial) y lo amenazan con quitarle quitarle el plan de trabajo, y hasta de muerte. Tampoco lo dejaban trabajar en ningún lugar. Asimismo denunció que el sindicato maneja coimas y entrega de drogas, a quienes acuden a las marchas convocadas por ellos.

Pacientes oncológicos. Se señaló que dirigentes sociales del Movimiento Evita de Florencio Varela obligaban a pacientes oncológicos asistir a las marchas de manera obligatoria a la ciudad de Buenos Aires, de negarse, les quitaban el acceso a los remedios. El titular del Movimiento Evita es Emilio Pérsico.

Piedras y Cuchillos. Se denunció que un dirigente de la Organización 17 de Octubre de Resistencia, Chaco, obligaba a las personas a llevar palos, piedras y cuchillos a las manifestaciones. De lo contrario, amenazaban con asistir a su casa, pegarle a él y a su familia, y quitarle el Plan Potenciar Trabajo. 

Anti protocolo. El denunciante menciona que distintos dirigentes de las organizaciones Evita de Florencio Varela obligaban a las personas a ir a las marchas y caminar por la calle, en vez de la vereda. Si asistían con niños, les daban un bono extra. En oposición claramente al “Protocolo Anti piquete” que presentó el gobierno, que no permite ir con menores, ni tomar la calzadas de la calle a movimientos sociales.

Molestar a Pettovello. El denunciante menciona que una mujer referente del MTP, que otorga planes Potenciar Trabajo, organizó a las personas que iban a pedirle por los fondos de los comederos a la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello. De no hacerlo se les quitaba el Plan Potenciar.

“Algunos casos, una misma matriz (…) acá tenemos un poder absoluto de poder decir quién cobra quién no cobra”, añadió la ministra Bullrich.

“Es hora de que se haga justicia y de que se ponga fin a esta pesadilla para los ciudadanos argentinos. La liberación de aquellos que han sido esclavizados por esta red de corrupción y abuso es una prioridad absoluta para el gobierno, y se tomarán medidas enérgicas para garantizar que se haga realidad la promesa de libertad y justicia para todos”, se despachó la ministra.

En la conferencia de prensa en Casa Rosada también estuvo presente el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona; el Gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el Ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich; y el Diputado de Chaco, Ivan Gyöker.

Los antecedentes

En 2021, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a una mujer a 15 años de prisión por estar vinculada a una organización social que se dedicaba a entregar jóvenes para ser objeto de abusos sexuales por parte de funcionarios gubernamentales. Se contabilizó cerca de 70 mujeres, que fueron víctimas de este esquema de trata.

La líder de esta organización, ahora condenada, reclutaba a mujeres bajo falsas promesas de un futuro mejor, solo para sumergirlas en el abismo de la trata de personas y la esclavitud sexual. Uno de los principales implicados, el presidente de esta fundación, se encontraba prófugo y finalmente murió en circunstancias dudosas.

En el año 2023, se reveló que el subsecretario de transporte provincial del Chaco estaba implicado en un escándalo similar, utilizando becas laborales como herramienta de coacción para obligar a mujeres a participar en actividades sexuales a cambio de estas.

El gobierno anterior en la provincia del Chaco, de Jorge “Coqui” Capitanich, ha sido acusado de permitir estas prácticas, mientras sus funcionarios se beneficiaban de los favores sexuales ofrecidos por estas organizaciones.

Bajo el liderazgo del actual gobernador Leandro Zdero se han llevado a cabo una serie de acciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad y Fuerzas federales para cambiar estos esquemas de corrupción y extorsión.