En Argentina y en otras partes del mundo es corriente escuchar y leer comentarios que afirman que la estatización de sectores estratégicos de la economía o la existencia de empresas del Estado son medidas contrarias a la iniciativa privada.

Esta afirmación, además de falsa, pasa por alto el desenvolvimiento histórico del modo de producción capitalista desde hace más de 200 años, en el cual las empresas estatales surgieron y emprendieron roles específicos para encauzar y desarrollar el sistema capitalista en distintos momentos de la historia.

Esto es tan así que hasta los gobiernos más defensores del libre mercado formaron parte de estos sucesos. Un profesor de Historia Económica de la Universidad de Manchester corroboró mediante datos empíricos que, en el siglo XIX, los gobiernos nacionales y municipales de Europa Occidental ya administraban empresas de servicios públicos, incluso antes del surgimiento de partidos políticos socialistas (Millward, 2008).

¿Qué pasó en Argentina?

En Argentina los gobiernos liberales, militares, conservadores, radicales y peronistas participaron en el proceso de estatización o creación de nuevas empresas estatales a lo largo del siglo XX.

¿A qué se debieron las estatizaciones en nuestro país?

Schvarzer (1979) expresa varias causas: falencia del capital privado en actividades de riesgo o de escasas ganancias, el abandono de empresas extranjeras, requerimientos estratégicos, presencia de monopolios, actividades que demandan altos requerimientos de inversión, entre otras.  

En nuestro país podemos examinar los hechos de la república de la Generación del 80 (1880-1916), en la cual las ideas del liberalismo económico predominaron este período. Ya en la década de 1860, el Estado de la Provincia de Buenos Aires se hizo cargo de los ferrocarriles, especialmente el Ferrocarril del Oeste, debido al desinterés del capital privado y la ausencia de capitales extranjeros.

El ferrocarril La Porteña, inaugurado el 29 de agosto de 1857. Fue la primera locomotora del Ferrocarril Oeste.

Hacia 1885 el 45% del capital invertido sobre el total en trenes era aportado por el Estado (Williams, 1920). Luego, en 1890 esa cifra llego al 10%, producto de la privatización de los servicios públicos que llevó a cabo el gobierno de Miguel Juárez Celman. Los dirigentes políticos de la época como Roca y Pellegrini y la oligarquía argentina siempre lamentaron esa privatización (sí, los mismos empresarios).

Teniendo en cuenta que el poder político lo detentaba en aquel momento la burguesía más concentrada, la Sociedad Rural Argentina expresó en 1888 que “el ferrocarril Oeste debe avanzar sobre la pampa húmeda, para evitar que otras empresas particulares no ocupen la zona natural de su ferrocarril por su paralización, y agregaba el pedido de que se conserve siempre en manos del Gobierno y se prohíba su enajenación o arrendamiento.”[1]

La nacionalización de los ferrocarriles será un pedido de los empresarios industriales en su conjunto a lo largo del siglo XX: la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas -integrada por empresas como SIAM Di Tella, TAMET, CAMEA, FEBO, Merlini e Hijos, Schärer, etc.

A pesar de eso, el Estado no desapareció de la rama y se encargó de la construcción y operación de las grandes líneas troncales, que no eran rentables para el capital inglés. Luego, los ferrocarriles estatales emprendieron obras monumentales demandantes de ingeniería, como las líneas que atraviesan el Chaco o las que recorren las zonas montañosas del país hasta alcanzar a San Antonio de los Cobres o La Quiaca. Para el Centenario de la Revolución de Mayo (1910), el 40% de la red ferroviaria era estatal (Schvarzer, 1979).

La presencia del Estado en el transporte ferroviario no encontró resistencias en los capitalistas. El tendido de vías férreas satisfacía las necesidades del desarrollo nacional e intereses locales sin afectar los intereses del capital privado, quienes no tenían la voluntad de encarar una mayor expansión. La demanda del sector público atraía a los fabricantes de equipos de Inglaterra que reemplazaban los pedidos paralizados del sector privado (Schvarzer, 1979).

Los gobiernos de la Generación del 80 emprendieron la construcción de importantes obras públicas, a saber: el Correo Central, el Teatro Colón, escuelas y hospitales, la reforma del puerto de Buenos Aires y el Dique San Roque, la inauguración de la primera línea de subte en 1913, el Hotel de los Inmigrantes, etc. Además, podemos nombrar el caso de la creación de Obras Sanitarias de la Nación (servicio de agua potable y cloacas) en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña a través de la ley 8889.

¡Hasta el gobierno de Carlos Menem estatizó! Hablamos de la estatización de la empresa petroquímica INDUPA en 1994. Consistió básicamente en un saneamiento de la empresa y una reorganización administrativa, según Jonas Ariel Chaia de Bellis (2021).[2] Esta empresa así como otras del mismo ramo operaban en el Polo Petroquímica de Bahía Blanca. Si alguna de ellas quebraba, el sector petroquímico entraba en crisis y dejaba de ser atractivo para el capital privado.

El gobierno de Mauricio Macri, con su retórica empresarial, estatizó la empresa Oil Combustibles en 2018.

Empresas para el desarrollo

Luego de la crisis de 1930, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias capitalistas más importantes (Alemania, Francia, Austria, el norte de Europa y demás) emprendieron un nuevo papel del Estado dentro de la economía.

El período que se conoció como Los Treinta Gloriosos o la etapa de oro del capitalismo (1945-1973) forma parte de esta etapa. El sistema capitalista mundial, teniendo como recuerdos negativos la mencionada crisis de 1930 y la destrucción que provocó la Segunda Guerra Mundial, entabló una serie de reformas económicas tales como la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, y en algunos casos como Francia, Canadá, Japón y Corea del Sur la elaboración de planes quinquenales dentro del esquema capitalista de producción.

La destrucción provocada por la guerra, la acumulación de fortunas ilícitas, la colaboración con el enemigo y la falta de capital por parte del sector privado fueron las razonas por las cuales el Estado capitalista en Europa, en los países desarrollados y en el sudeste asiático realizaron grandes estatizaciones en la segunda mitad de los años 1940.

Al mismo tiempo que se ejecutaban las nacionalizaciones hechas por gran parte de los países desarrollados de Europa Occidental, florecía una nueva gama de instituciones capitalistas para dar comienzo a una nueva etapa del desarrollo capitalista: el acuerdo de Bretton-Woods, la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI), múltiples créditos, aplicación del plan Marshall por parte de Estados Unidos, constitución de múltiples organismos económicos y financieros en Europa, Unión Europea de Pagos.

En los países de Europa Continental y del Norte (Alemania, Francia, Austria, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia) y en los países asiáticos (Corea del Sur, Japón y Taiwán) se nacionalizaron los sectores estratégicos de la economía como los bancos, ferrocarriles, las telecomunicaciones, el servicio de electricidad, de agua potable y de gas natural, la aviación, la marina mercante, la industria petrolera y una parte importante de industrias básicas como la siderurgia, la gran minería, puertos y astilleros, aseguradoras, etc. James Foreman-Peck en European industrial policies in the post-war boom: Planning the economic miracle, escrito en Grabas y Nützenadel (2014) afirma:

A fines de la década de 1970, la marea alta del intervencionismo, en la mayor parte de Europa occidental, la electricidad, el gas, el carbón, las líneas aéreas y el acero probablemente eran propiedad del Estado. Además, los gobiernos tenían participaciones en las industrias automotrices en Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia, los Países Bajos y Alemania Occidental. En Europa, la propiedad estatal de los ferrocarriles y del servicio postal era total.

Desde fines de la década de 1990 ha existido un acrecentamiento del número de empresas estatales en el mundo (Clò et al., 2013). Incluso en el mundo anglosajón, representantes de la filosofía liberal, se han frenado las privatizaciones, al comprobar que estas no significaron alta calidad ni se generó un ahorro económico. Los casos más ejemplares son el servicio de agua potable y electricidad (Cardwell, 2013; Warner, 2010; Warner y Hefetz, 2012).

En Finlandia las empresas públicas lideraron la modernización tecnológica en la explotación forestal, minería, siderurgia, equipamiento de transporte, maquinaria papelera e industrias químicas (Willner, 2003).[1]

Las empresas de renombre del capitalismo francés que vemos hoy en día han pertenecido al Estado: Renault (autos), Alcatel (equipamiento de telecomunicaciones), Saint Gobain (vidrio y otros materiales para la construcción), Usinor (siderurgia), Thomson (electrónica), Thales (electrónica de defensa), Elf Aquitaine (petróleo y gas) y Rhone-Poulenc (farmacéuticos), de acuerdo a datos proporcionados por Berne y Pogorel (2003).[2] Todas firmas que estuvieron al mando de la modernización tecnológica y el desarrollo económico del país galo.

En 1950, el Estado italiano controlaba el 80% de la construcción naval, el 40% de la producción de material rodante, el 60% del arrabio y el 43% del acero (Grabas y Nützenadel, 2014). Los mismos autores confirman que en 1971, más de la mitad de la inversión italiana sobre el total y el 17% de la producción eran atribuibles al accionar del Estado.

La Alemania capitalista, gobernada en gran parte por la centroderecha de la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial, muestra como en la década de 1960 el gobierno federal manejaba el 40% del carbón y el hierro, el 62% de la electricidad, el 62% de los bancos y el 72% de la producción de aluminio (Grabas y Nützenadel, 2014).[3]

Más cerca en el tiempo, la crisis del 2008 volvió a relucir la estatización de gran parte de la banca privada y algunas empresas. Se trató de un salvataje del Estado para que el sistema capitalista no sucumbiera más de lo que ya estaba. Muchos Estados del mundo (como Islandia, los países escandinavos, Europa central, Norteamérica) procedieron a la estatización de la banca.

La crisis provocada por la pandemia del Coronavirus 2019-2020 evidenció, otra vez, al Estado como propietario y administrador de empresas. En Italia se nacionalizó la aerolínea Alitalia. En 2022 el gobierno de derecha de Giorgia Meloni nacionalizó la principal planta siderúrgica del país, en manos de ArcelorMittal. En Alemania las arcas públicas rescataron la aerolínea Lufthansa con el 25% de las acciones.

La crisis del suministro de energía, provocada por la invasión rusa a Ucrania, generó un recambio en la política energética que provee a la actividad productiva. El gobierno alemán tomó a su cargo a Uniper en 2022, el mayor importador de gas del país. El gobierno francés de Emmanuel Macron nacionalizó la totalidad de la empresa Electricité de France (EDF) en julio del 2022, un proceso completado un año después. Estas medidas fueron tomadas para dejar de depender de la importación del gas ruso; por ende, se esconden motivos geopolíticos detrás de esta toma de decisiones.

Las empresas estatales en economías liberales

En Singapur las empresas vinculadas al Estado operan en diversos rubros de la economía. El grupo empresarial de propiedad enteramente estatal Temasek Holdings administra el 100% de Singapur Power (electricidad y gas) y el 100% de PSA International (puertos), el 67% de Neptune Orient Lines (marina mercante), el 60% de Chartered Semiconductor Manufacturing (semiconductores), el 56% de Singtel (telecomunicaciones), el 55% de SMRT (trenes, autobuses y taxis), el 55% de Singapore Technologies Enigeneering (ingeniería) y el 51% de SemCorp Industries (ingeniería). Además, posee una participación mayoritaria en estas otras empresas: un 32% de SembCorp Marine (construcción naval) y el 28% de DBS (el banco más grande de Singapur).

Casi la totalidad de las tierras están en manos del Estado y alrededor del 85% de las viviendas son otorgadas por el Consejo del Desarrollo y la Vivienda.

En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon estatizó los servicios ferroviarios de pasajeros, la Penn Central Railroad (PCR), una de las empresas más grandes del país que a fines de los años ’60 contaba con 100.000 empleados. Para legitimar esta medida, el Congreso aprobó la Ley de Servicio al Pasajero y dio origen a la empresa estatal Amtrak. También su administración realizó el rescate de la empresa Lockheed mediante un aporte de 250 millones de dólares.

El mismísimo Ronald Reagan, exponente de las ideas liberales en la economía, intervino en julio de 1984 el Continental Illinois Bank a través de un rescate de 2.000 millones de dólares a cambio del control del 80% de su capital accionario. Además, en 1986 estatizó la Corporación Federal de Ahorros y Préstamos (FSLIC) compuesta por 4.000 pequeñas cajas de ahorro y préstamo. Incluso a principios de la década de 1980, Reagan nacionalizó al fabricante de autos Chrysler.

A pesar de ser un ferviente defensor del libre mercado, Ronald Reagan no se privó de realizar estatizaciones.

George W. Bush (hijo), otro integrante del Partido Republicano, llevó a cabo el salvataje de las principales aerolíneas en noviembre de 2001 luego del ataque a las Torres Gemelas. Para ello su administración aportó 5000 millones de dólares para la estatización de todos los aeropuertos del país mediante la firma de la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte.

Al final de su segundo mandato, en 2008, se estatizaron las compañías hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae, que hasta ese momento controlaban el 40 por ciento de todas las hipotecas de su país. Esta intervención se amplió aún más en 2008 cuando se adquirió el 77% de una de las aseguradoras más grandes del mundo, la AIG y el 36% del Citigroup.

En Reino Unido, el gobierno conservador nacionalizó Rolls Royce en 1971. A mitad de 2014 el gobierno procedió a la estatización del sistema ferroviario, luego del fracaso estrepitoso del servicio (accidentes, desmantelamiento, pésima infraestructura, altas tarifas) en manos privadas. 

En Grecia fueron estatizadas 43 empresas privadas entre 1983 y 1987 para evitar que vayan a la quiebra, evitando también el despido de trabajadores. Parte de esas medidas fue realizadas por la centroderecha griega de Nueva Democracia, de la mano del presidente Konstantínos Karamanlís.

En Suecia los conservadores realizaron más estatizaciones que los socialdemócratas. A fines de los años 70’, el gobierno centroderechista estatizó el conjunto de la construcción naval y la rescató de la quiebra. Esto se produjo a pesar de que en las elecciones había prometido reducir el tamaño del Estado y achicar el gasto público. Este mismo país, a principios de la década de 1990, nacionalizó gran parte de los bancos debido a la crisis financiera.

La dictadura de Pinochet en Chile no privatizó a la empresa estatal del cobre CODELCO, a pesar de ser partidario de los ideales del libre mercado en el terreno económico. En 1982, crisis financiera mediante, su gobierno rescató a la banca con la inyección de dinero público.

En marzo de 2020 Irlanda, modelo liberal por excelencia, procedió a la estatización del sistema de salud privada del país; se sumaron 2.000 camas, 9 laboratorios y miles de trabajadores al sistema estatal. Este hecho fue anunciado por el primer ministro Leo Varadkar. Su partido, Fine Gael, se posiciona en la centroderecha democristiana y posee valores conservadores.

¿Qué nos dicen estas experiencias?

Se ha visto perfectamente cómo las estatizaciones o las empresas estatales jugaron un papel fundamental a la hora de la acumulación y reproducción del capitalismo como sistema socioeconómico.

Si bien el escenario central del capitalismo se constituye por la empresa privada y la búsqueda de ganancia, aquello no es incompatible con las empresas públicas o las estatizaciones, incluso hasta en los gobiernos partidarios del libre mercado.

La empresa del Estado puede generar un circuito virtuoso al demandar y ofertar bienes de producción a empresas privadas. Esto desemboca en la creación indirecta de puestos de trabajo.

A su vez, cumple un papel complementario en diversos momentos; sea cuando los capitalistas se rehúsan a invertir en algún sector cuando no observan rentabilidad alguna, ir al rescate para evitar las quiebras de compañías y desarrollar rubros estratégicos de enorme interés para un país.

Referencias bibliográficas

Anales de la Sociedad Rural Argentina (1888), Buenos Aires, pág 489.

Berne, M. y Pogorel, G. (2003), “Privatisation Experiences in France”, documento presentado en la Conferencia sobre Experiencias de Privatización en Cadenabbia, Italia, noviembre de 2003.

Cardwell, D. (2013) “Cities weigh taking over from private utilities”. New York Times, 13 de marzo de 2013.

Chaia de Bellis, Jonás Ariel (2021), “Estatización de empresas en Argentina (1930-2018): Una tipología explicativa”; Grupo Interuniversitario Postdata; Postdata; 26; 2; 10-2021; 281-317.

Chang, Ha-Joon (2002). “Kicking Away The Ladder. Development Strategy In Historical Perspective.”

Clò, Stefano; Del Bo, Chiara; Ferraris, Matteo; Fiorio, Carlo; Florio, Massimo; y Vandone, Daniela (2013), “Publicization versus Privatization: Preliminary Findings 2000-2012”, Liège, International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC Working Papers; N° 2014/03).

Millward, R. (2008). “Private and Public Enterprise in Europe: Energy, telecommunications and transport, 1830-1990”. Londres: Cambridge University Press.

Schvarzer, J. (1979). “Empresas públicas y desarrollo industrial en Argentina”. Economía de América Latina, N° 3, pp. 45-68.

Warner, M.E. (2010). “Reversing Privatization, Rebalancing Government Reform: Markets Deliberation and Planning”. In M. Ramesh, E. Araral y X. Wu (eds) Reasserting the Public in Public Services: New Public Management Reforms, 30-48. Nueva York: Routledge.

Warner, M. E. y Hefetz, A. (2012). “Insourcing and Outsourcing”. Journal of the American Planning Association, 78(3): 313-327.

Williams, J. H. (1920) “Argentina international trade under inconvertible paper money, 1880-1910.” Cambridge, Massachusetts, pág 49.

Willner, J.  (2003) “Privatisation and State Ownership in Finland”, documento de trabajo de CESiio, N° 1012, Munich, Instituto de Investigación Económica, agosto de 2003.

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[1] J. Willner, “Privatisation and State Ownership in Finland”, documento de trabajo de CESiio, N° 1012, Munich, Instituto de Investigación Económica,, agosto de 2003.

[2] M. Berne y G. Pogorel, “Privatisation Experiences in France”, documento presentado en la Conferencia sobre Experiencias de Privatización en Cadenabbia, Italia, noviembre de 2003.

[3] “European industrial policies in the post-war boom: Planning the economic miracle”, por James Forman-Peck, página 36. En Grabas, C. y Nützenadel, A. (2014). “Industrial Policy in Europe after 1945: Wealth, Power and Economic Development in Cold War.” Palgrave Macmillan, 2014, 408 p., @ean : 9781137329899.

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[1] Anales de la Sociedad Rural Argentina, Buenos Aires, 1888, pág 489. 

[2] Chaia de Bellis, Jonás Ariel; Estatización de empresas en Argentina (1930-2018): Una tipología explicativa; Grupo Interuniversitario Postdata; Postdata; 26; 2; 10-2021; 281-317.