RETRATO DE UN JUEZ QUE DEBIÓ SER DESTITUIDO
Dicen que un juez es lo parecido más a Dios que existe en la Tierra. Este fue lo más parecido a otra cosa. Fallecería a los setenta años fruto de un cuadro agudo de coronavirus. Apareció en la "servilleta de Corach", benefició al entorno kirchnerista (incluso a sus líderes) y pactó con Mauricio Macri
En 1996, Domingo Cavallo denunció por televisión que Carlos Corach, el ministro de Interior de Menem, le anotó en una servilleta el nombre de los jueces que respondían al ejecutivo. Entre ellos se encontraba el apellido Oyarbide. Algunos, al día de hoy, se encuentran en el poder judicial o se han jubilado sin problemas.
Norberto Oyarbide “el Impune“ fue designado juez en la década de los ’90, y desde ese momento comenzó a ser objeto de críticas por parte de periodistas que veían como sus dictámenes siempre favorecían a personas denunciadas que tenían vínculos con el poder político o económico.
Durante los gobiernos kirchneristas fue apartado de las causas de “la mafia de los medicamentos“ y “Sueños Compartidos“. En esta última están imputados la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe De Bonafini (reconocida referente de los derechos humanos en Argentina) y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
En 2009 procesó a Mauricio Macri por ser parte de una asociación ilícita que realizaba escuchas ilegales en CABA como jefe de gobierno porteño. Y denunció aprietes por parte del ex mandatario. En 2015, ni bien asumió como presidente, Macri fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello por sugerencia del fiscal Jorge Di Lello por falta de pruebas.
En 2009 sobreseyó al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito.
Pero nueve largos años después, en 2018 en el marco de las detenciones a empresarios y funcionarios por la “Causa Cuadernos“ al figurar su nombre en uno de los manuscritos, y luego de varios dichos comprometedores en los medios, declaró ante el juez ya fallecido Claudio Bonadío lo siguiente: que cuando debía expedirse sobre la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner -con quienes afirmó que nunca tuvo contacto alguno- fue “apretado“ por Javier Fernández, (actual auditor general de la nación) y Jaime Stiuso (ex espía de la agenda de Inteligencia argentina) para “sacar rápidamente la resolución“, es decir, sobreseer a los Kirchner. Todo -recordaba- en un contexto de mucha presión mediática.
La declaración de Oyarbide que en principio podría tratarse de una versión inventada por él, un “manotazo de ahogado“ para despegarse acusaciones relacionadas a “Cuadernos“, fue respaldado por la declaración de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner de 2003 a 2015. El ex contador detenido preventivamente dijo en su declaración de colaborador arrepentido que en el contexto de la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, recibió instrucciones de Oyarbide junto a María del Carmen Penedo, perito contable de la Corte Suprema (CSJN), para falsificar una prueba clave que permitiría sobreseer a los acusados de un salto del 158% de su patrimonio en el lapso de un año (2007-2008).
¿Quiénes son los que habrían “agarrado del cogote“ a Oyarbide?
Javier Fernández es uno de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control de las decisiones y contratos que toma el poder ejecutivo. Ese es su cargo formal, la “superficie“ de lo que a en realidad se dedica, según quienes siguen sus pasos desde hace años.
Fernández fue señalado por un respetado periodista de investigación como uno de los operadores judiciales con más influencia en Tribunales Federales de Comodoro Py durante el kirchnerismo y el macrismo. ¿Cómo? Si Cristina y Macri son adversarios. Bueno, algunas personas se reciclan y ofrecen sus servicios a quien los necesitan.
Un operador judicial es alguien que trabaja para el ejecutivo para interferir en las causas sensibles al poder, en su sentido amplio de la palabra, para que no avancen o si avanzan que no involucre a los peces gordos.
Jaime Stiuso fue jefe del área de Operaciones de la ex SIDE ahora rebautizada AFI (Agencia Federal de Inteligencia) de 1972 a 2014. En ese último año, Oscar Parrilli, por orden de la presidenta Cristina Fernández lo desplazó de esta área. Jaime también es la estrella del documental “El fiscal, la presidenta y el espía” sobre el “Caso Nisman” estrenado en 2020 en la plataforma de Netflix.
Hay que recordar que Fernando “Pino” Solanas dijo en 2015 que fue un grupo de tareas de Stiuso, quien le pegó 4 tiros en las piernas en 1991 luego de denunciar que el gobierno de Carlos Menem estaba vaciando YPF.
La primera persona que mostró su rostro fue Gustavo Béliz en 2004, ministro de justicia de Néstor Kirchner y ex asesor del presidente Alberto Fernández en estos temas. Béliz terminó exiliado del país junto a su familia.
Jaime compartió una amistad hace algunos años con Javier Fernández y Darío Richarte, ex número 2 de la SIDE.
El final
El Impune recibió a lo largo de su carrera 57 denuncias ante el Consejo de la Magistratura.
A pesar de su cuestionado accionar como juez federal pudo jubilarse sin problemas. Fue Macri, quién como presidente en 2016 le aceptó la renuncia. El argumento del ex presidente fue que Oyarbide aún contaba con fueros que imposibilitaban su enjuiciamiento penal, que provocaría a que el proceso se dilate demasiado.
Pero lo que ocurrió en realidad fue que Daniel “El Tano” Angelici, quien era un operador de Macri en la justicia, había empezado a tejer lazos con Oyarbide para convertirlo en un juez funcional al “poder de turno cambiemita”. Pero la entonces diputada Elisa Carrió expuso la maniobra en el programa televisivo Animales Sueltos de Alejandro Fantino.
Ante esto Macri dió instrucciones para que su gente dentro del Consejo de la Magistratura, que ya habían acordado con el kirchnerismo, avancen en un jury de enjuiciamiento para destituir a Oyarbide, quien ante eso renunció.
Tiempo después Angelici admitió tener contacto con jueces y fiscales de Comodoro Py.
Fuentes
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Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).