Sin seguridad no hay derechos y sin derechos es imposible caminar seguro. Ambas facetas no son contradictorias aunque algunos así lo piensen.

El flamante presidente de El Salvador, Nahib Bukele, ha sido objeto de polémica desde que llegó al poder en 2019, debido en gran parte  a sus controvertidas declaraciones y a la deriva autoritaria que adquirió su gobierno ya desde los primeros meses tras asumir. 

Bajo su gobierno los intentos del ejecutivo de intervenir en los demás poderes se han vuelto bastante frecuentes, lo cual ha hecho que muchos acusen al mandatario salvadoreño de dictador y de querer socavar el orden republicano.

Ejemplo de esto es el intento del oficialismo de intervenir en el Poder Judicial reemplazando a los jueces de la Corte Suprema e instalando a otros favorables a su ejecutivo. Otro episodio controvertido al comienzo de su gestión fue la toma del Congreso por parte de militares por orden del propio Bukele  para forzar a los congresistas a votar el presupuesto de Defensa de ese año. Por si fuera poco, para aumentar la polémica, recientemente se ha anunciado el intento del gobierno de modificar la Carta Magna para permitir la reelección de Bukele, a pesar de que él mismo había cuestionado la reelección indefinida de mandatarios en el pasado. 

Pero para muchos de sus compatriotas, lo más importante lo más importante respecto al gobierno de Bukele, es el abordaje realizado de la violencia pandillera.

La violencia armada por parte de pandillas y grupos del crimen organizado ha sido uno de los principales problemas históricos de El Salvador. La tasa de homicidios era de 37 cada 100 mil habitantes en 2019 siendo una de las más altas de Latinoamérica y el mundo en general.

Cabe destacar que no hablamos de delincuencia simple, o de asesinatos cometidos en contexto de asaltos. Grupos como Barrio 18 o Mara Salvatrucha, también conocida MS13,  llegaron a convertirse en verdaderos grupos terroristas de alcance internacional. Estos grupos surgieron en las comunidades de salvadoreños migrantes en Estados Unidos durante los ochenta, donde hacían de guardaespaldas para la mafia mexicana, para luego expandirse hacia Latinoamérica, convirtiéndose en organizaciones criminales de mayor alcance. Miembros de MS13 por ejemplo fueron responsables del secuestro del hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo. 

Aunque en los últimos años  el número de asesinatos ha disminuido considerablemente, incluso desde antes de la asunción de Bukele, la violencia continúa siendo una temática central de la agenda pública y la discusión política de ese país. 

Bukele en sus discursos apela a la “mano dura” y al punitivismo para acabar con esta problemática, lo cual le ha valido una gran popularidad entre la mayoría de los salvadoreños hartos de sufrir la inseguridad y la violencia, y que ven en las medidas del joven mandatario un mal necesario para el progreso de su nación.

A pesar de los atropellos institucionales y un historial dudoso en lo que a corrupción se refiere el presidente salvadoreño cuenta con el 87% de aprobación popular según datos de encuestas realizadas por el diario La Prensa Gráfica.

Es en este contexto de gran respaldo Bukele decidió redoblar la apuesta frente a las pandillas:

Tras un pico de asesinatos en marzo de 2022, el presidente declaró el estado de excepción, que se mantiene hasta el día de hoy, en todo el territorio nacional con el objetivo de luchar contra las pandillas especialmente contra la mara salvatrucha.

El artículo 29 de la constitución salvadoreña habilita que se declare el estado de excepción en caso de guerra o grave conmoción social. Esta medida brinda a las fuerzas armadas poderes especiales y la posibilidad de intervenir directamente en las zonas conflictivas. Además limita algunos derechos de los ciudadanos del país centroamericano como la libertad de reunión y de movimiento en el territorio nacional. Mientras la medida siga vigente los salvadoreños tampoco podrán cambiar de domicilio. 

Según los datos ofrecidos por el gobierno desde que se declaró esta medida a principios de 2022, han sido detenidas alrededor de 60.000 personas, muchos miembros de grupos como Barrio 18 o mara salvatrucha. 

Sin embargo, esta medida no ha venido sin polémica. Han habido denuncias de personas encarceladas a pesar de no tener vínculos claros con las pandillas. Varias personas han declarado que sus parientes y conocidos han acabado detenidos y encarcelados a pesar de no haber evidencia en su contra. 

Según organizaciones de Derechos Humanos, al menos 90 personas habrían muerto en circunstancias poco claras tras ser puestas en custodia, aunque el número podría ser más alto. 

“La población de El Salvador está dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad“ afirma la diputada opositora Claudia Ortiz a la cadena BBC.

“El Salvador no debería aspirar a ser un país militarizado, un país donde se utilice la fuerza armada para prácticamente todo. Esa historia ya la estamos viendo en Nicaragua y vemos cuáles son las consecuencias” agrega la diputada.

A esto se suman las preocupaciones por el sistema penitenciario que puede desbordarse debido a la cantidad de detenciones (más de 60.000 a la fecha). Ortiz considera que el plan de Bukele solo podrá funcionar en el corto plazo y que a la larga nada cambiará a menos que implementen reformas de fondo.

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José Pizzulo

Redactor en El Punto Medio, cubre política local e internacional. Estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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