—Che ¿Sabías que los camaristas van a cobrar más de 1 palo ahora?— me dice una fuente. —¿Qué?— le digo. —Si si, con la última actualización los camaristas van a cobrar eso—. —¿Pero qué los jueces de segunda instancia?—. —Claro, los tribunales— me aclara. Así empezó esta historia.

Mucho se habla de la casta política, principal apuntada en los últimos tiempos por el diputado libertario Javier Milei. De hecho en esta nota hablamos de ella, explicando por qué lo es y dando ejemplos concretos de sus beneficios

Pero hoy nos compete otra casta… una que se encarga de aplicar la ley en nuestro territorio: la Justicia argentina. Hoy particularmente le toca el turno a la Justicia Provincial de Córdoba.

Organigramas

La Justicia Provincial de Córdoba está dividida en seis fueros para que el ciudadano acuda a donde apunta su reclamo judicial:

– Civil y Comercial: el Civil se encarga del tutelaje de los derechos patrimoniales de las personas, como la propiedad y la posesión, obligaciones, contratos y sucesiones (herencias). La parte comercial incluye todo lo que tenga que ver con concursos y quiebras de sociedades.

– Penal: donde se vela por los bienes jurídicos protegidos como la vida, el patrimonio privado o público, la libertad y en caso de violación se establecen penas o castigos por el/los delitos cometidos.

– De Familia: todo lo relacionado a relaciones familiares como el estado civil, matrimonio o régimen de responsabilidad parental (lo que se conocía como patria potestad en el pasado). Los derechos subjetivos emergentes calificados como derechos-deberes que pueden ser las cuotas alimentarias de padres a hijos, o pensiones por lazos consanguíneos.

– Laboral: se encarga de resolver disputas entre el empleador y el empleado, de efectivizar o no obligaciones como la indemnización, o cualquier derecho del trabajador consagrado por ley.

– Contencioso administrativo: se encarga de resolver disputas de personas que han iniciado procesos judiciales en contra de un organismo del Estado bajo la ley de administración pública.

– De Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género: se ocupa del cumplimiento de los derechos del niño y de los adolescentes. Y por otro lado, de los actos de violencia en contra de un familiar o de género, es decir, a la mujer por el hecho de ser mujer.

En cada uno de estos fueros hay profesionales del derecho con diversos cargos desde empleados de barandilla que toman las denuncias a jueces que se encargan de revisar la evidencia de las partes y dictaminar. En definitiva, diferentes tareas para garantizar que se cumplan los procedimientos y normas estipulados en la ley argentina.

Los datos

Los vocales de cámara son jueces de segunda instancia que conforman tribunales (por 3 personas) en alguno de los fueros nombrados y se encargan de revisar las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia.

Si la persona perjudicada en la sentencia, junto con su abogado defensor, considera que debe ser revisada la sentencia, apela a esta y la cámara mencionada revisa la sentencia. Una suerte de doble control que sirve para corregir o confirmar lo que ha determinado el primer juez que intervino.

A lo nuestro… el sueldo que hoy paga por mes, la caja de la provincia a un vocal de cámara, con 3 años en el cargo, es de $1.134.662,98.

En los tribunales provinciales de la ciudad de Córdoba hay 105 camaristas, en cuanto a localidades del Interior hay quince en Rio Cuarto, nueve en San Francisco, ocho en Villa María, seis en Bell Ville, seis en Villa Dolores, seis en Cruz del Eje, seis en Río Tercero, tres en Marcos Juárez, dos en Laboulaye y dos en Deán Funes. Un total de 168 camaristas, que tomando 3 años de antigüedad, la provincia paga al mes más de 190 millones de pesos ($190.623.380,64). Un sólo mes… Al año, sólo en jueces camaristas el Estado provincial (incluyendo aguinaldo) destina más de 2400 millones de pesos ($2.478.103.948,32).

Un salario de un camarista equivale a 26 sueldos mínimos en Argentina. Un país con el 40% de la población bajo la pobreza (37,3% para el INDEC y 44% para la UCA).

Ni siquiera el presidente de la Nación Alberto Fernández con un salario de casi 500.000 ($494.000) pesos brutos cobra la mitad de ese monto.

Si comparamos con el sector privado, donde el lucro es el fin, el sueldo de ejecutivos de los siguientes rubros siguen el siguiente patrón:

• Finanzas y legal van de 288.029 a 660.133 pesos.
• Administrativos de 482.700 a 1.125.697 pesos.
• Venta y marketing, el comercial de 384.521 a 939.245 pesos y el de marketing de 265.248 a 883.659 pesos.
• Ingeniero e industrial, un gerente de planta 323.203 a 768.620, un gerente industrial de 250.000 a 1.068.510 y un director entre 650.000 a 1.147.990,
• Medicina y ciencia, un gerente médico va de 518.780 a 945.888 y uno de investigación clínica va de 575.926 a 1.132.894 pesos.
• Información va de 326.084 a 633.596 y un jefe de operaciones de sistemas va entre 226.352 a 428.341.

Como se puede ver, el sueldo de un camarista que no deja de ser un servidor público supera en la mayoría de los casos lo máximo que se le puede pagar a un gerente del sector privado.

En España la situación es bien diferente. Actualmente en las ciudades mejores pagas para magistrados como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, un juez puede llegar a cobrar 6.519,31 euros al mes (1640,03 de sueldo básico + 46,74 de antigüedad + 1751,55 de complemento específico + 628,3 de complemento de penosidad + 2452,69 de destino) más dos pagos extraordinarios de 764,37 euros, terminan conformando unos 79.760,46 euros al año (teniendo en cuenta lo máximo que se puede percibir al mes tanto en complemento específico -1.751,55 euros- como de complemento de penosidad -628,30 euros-).

Los salarios de directores y ejecutivos de empresas al año en el país ibérico, tienen los siguientes valores en los rubros de:

• Atención al cliente pueden llegar de 40.000 a 45.000 euros.
• Bancarios, de 137.000 a 190.000 euros.
• Ciencia y salud de 110.000 a 125.000 euros.
• Construcción e inmobiliaria de 72.000 a 105.000 euros.
• Digital de 65.000 a 115.000 euros.
• Finanzas de 105.500 a 137.000 euros.
• Ingeniería de 93.000 a 120.000 euros.
• Ámbito legal de 195.000 a 325.000 euros.
• Tecnologías de la información de 80.000 a 230.000 euros.

España es un país con mucha más estabilidad económica que Argentina. A pesar de esto, a excepción del rubro de atención de cliente y el mínimo ejecutivo de construcción y digital, todos los ejecutivos ganan mucho más que un juez que cobra el máximo en ese país (de hecho los sueldos de magistrados suelen ser menores que el indicado aquí).

Berrinches y evoluciones

A partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) de 2018 los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales jerárquicos nombrados a partir de 2017 comenzaron a pagar el Impuesto a las Ganancias. 

Los jueces que se refugiaban en la “intangibilidad de sus remuneraciones” para que no se les cobrara primero Réditos y después Ganancias, y así “no afectara su independencia», fue lo que les permitió mantener por décadas este “salvoconducto”.

Un argumento totalmente falaz, ya que con esa misma justificación no deberían pagar ningún impuesto. Esta prerrogativa iba y va en contra del principio jurídico de que todos somos iguales ante la ley, debido a que este impuesto lo pagaba todo ciudadano argentino alcanzado en las escalas estipuladas.

Con respecto a la bastardeada independencia judicial, basta nombrar algunos jueces federales ya fallecidos como Norberto Oyarbide o Claudio Bonadío, o vivos como María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, o Marcelo Martínez de Giorgi y un largo etcétera, que carga con fuertes sospechas sobre la nula o poca independencia para con el poder ejecutivo de turno o grupos de poder (actuaciones que detallamos en el informe adjuntado abajo).

En 2021 un diputado del Frente de Todos (FdT) por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, fue un paso más allá y presentó un proyecto de ley para que todos los magistrados pagaran Ganancias y no sólo los que fueron nombrados después de 2017.

La otra fundamentación peligrosa para defender estos privilegios (repetida también por sindicatos), es el principio jurídico de “derechos adquiridos”, el cual sostiene, que por más que una modificación o nueva ley puede modificar a otra previa, no puede cambiar el efecto de la ley previa que sostiene el derecho que posee una persona (de ahí adquirido).

Sin embargo, qué ocurre si es injusto el derecho, si la misma ley es una trampa, o si se abusa de un derecho para mantener un privilegio. Esto se puede modificar así como se hizo con la ley de divorcio, del aborto legal, las estatizaciones de los fondos privados de pensiones y muchísimas figuras legales que fueron cambiando a medida que la sociedad lo demandaba por considerarse de bienestar general.

Tal vez es el turno que los judiciales hagan su parte con un Estado totalmente quebrado como lo es Argentina.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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