Uno de los argumentos en el debate público para oponerse a la estatización o creación de empresas del Estado es que han sido históricamente deficientes, es decir, no generaban rentabilidad, presentaban déficits de costos operativos, etc.

Sin embargo, esto es un sesgo histórico, debido a que las características atribuidas a las empresas estatales son de la década de 1980 y finales de los ´70, cuando las empresas públicas habían sido fundadas en su gran mayoría entre la década de 1940 y principios de la década de 1950.

En esta nota explicaremos por qué estas empresas daban déficits, que lejos se debía a su carácter en manos del Estado, sino a motivos muy diferentes.

Le falta gas

Gas del Estado fue una empresa pública que fue creada en 1946 y privatizada en 1990. Fue una de las empresas modelo a nivel mundial, con tarifas bajas y buen servicio antes de privatizarse. De hecho, llegó a construir el gasoducto más largo del mundo entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia en 1949.

A principios de los años ´60 nace la industria petroquímica argentina (que incluye el gas) con un volumen importante de desarrollo desde el Estado y con la penetración de los capitales internacionales.

De esta forma, la Argentina complementaba el ya desarrollado campo petrolero de YPF, para dar soluciones a industrias conexas que precisaban de insumos de esta rama (polietileno, poliuretano, etileno, naftas, combustibles, pinturas, fertilizantes).

En los años ´80 se instaló el complejo público privado Petroquímica Bahía Blanca donde el Estado tenía el 51% del capital y el 49% restantes era de capitales privados (IPAKO, Compañía Química, Indupa y Electroclor).

Esta planta abastecía a cuatro establecimientos satélites que eran Polisur, Induclor, Petropol y Manómeros Vinílicos, 30% propiedad pública y el 70% privada. Además, abastecía a las plantas de Indupa y Electroclor ya mencionadas.

La empresa Gas del Estado poseía una planta separadora en General Cerri (sur de la Provincia de Buenos Aires), lugar donde se hacía el etano que se vendía a la Petroquímica Bahía Blanca a un precio inferior al que regía para otros clientes (Valor de Retención), que incluso se ubicaba debajo de la tarifa que regía para otros usuarios industriales, también subsidiados. Este precio especial no se actualizaba de acuerdo a la evolución de la inflación durante los años ´80: a principios de esa década constituía el 72,6% del valor de retención, y en 1989 pasa a representar un 48,1% (diderencia cubierta con compensaciones del Tesoro Nacional a Gas del Estado, que oscilaron entre los US$ 10 millones en 1983 y los US$ 27,55 millones en 1988).

Al igual que con YPF, los precios que pagaba Petroquímica Bahía Blanca a Gas del Estado estaban por debajo de sus costos de producción. Y el precio que esta misma Petroquímica bahiense pagaba por el etano a Gas del Estado era un 50% inferior al valor de ese bien en el mercado internacional.

Con todo este mecanismo detallado, solo en 1989, YPF perdió 2,47 dólares por cada 1.000 m3 entregadas a la planta separadora de Gas del Estado en General Cerri, y 3,67% por cada 1000 m3 de etano vendido a Petroquímica Bahía Blanca.

Todos estos beneficios a los capitales privados en perjuicio del Estado, le costaron 16 millones de dólares a YPF y 807,7 millones de dólares a Gas del Estado solo en el año 1989.

En suma YPF y Gas del Estado beneficiaban a empresas privadas con venta de insumos a precios subsidiados e inferior a su costo de producción. Es por esto que generaban pérdidas.

Metales

SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) fue institucionalizada con la Ley Siderúrgica de 1947 pero recién comenzó a operar en 1961 durante el gobierno de Arturo Frondizi, donde, de nuevo emprendieron capitales internacionales, luego de sucesivas complicaciones y pausas.

SOMISA, empresa del Estado, producía aceros (semiterminados, terminados) y se los vendía a otras siderúrgicas privadas y laminadoras como Techint, Acindar, las automotrices extranjeras y las constructoras.

Estas ventas se hacían a un valor inferior al precio de producción (costo más ganancia normal). Este beneficio y riqueza cedida de SOMISA a capitales privados, al vender su producción a un precio subsidiado, fue de 437 millones de dólares promedio por año (al tipo de cambio de paridad 2014), lo que asciende a 12.666 millones de dólares en los casi 30 años en los que operó como firma estatal.

Durante la década del ’60, SOMISA operó con pérdidas del 1%, para los ’70 estas alcanzaron el 9% y en los ’80 llegaron al 20%. A lo largo de las tres décadas en las que estuvo operativa, SOMISA arrojó un promedio de 6% de pérdida. Los déficits fueron financiados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, que entre 1961 y 1989 depositó un total de 13.580 millones de dólares.

La deuda de YPF

En 1977, de la mano de la última dictadura militar, se emprendió una privatización periférica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para que petroleras privadas (Bridas, Pérez Companc, Astra, Pluspetrol, Techint, SADE, SOCMA, entre otras) explotaran áreas de extracción que antes estaban manos de YPF.

De todas formas, esto consistió en una explotación público-privada.

Estos empresarios del “oro negro” tenían un negocio asegurado, no gracias a las inversiones de capitales de riesgo, ya que las áreas de explotación ya estaban exploradas, con reservas evidenciadas e infraestructura adecuada, y obviamente contaban como comprador a YPF, que pagaba a los privados precios superiores al costo de explotar esas áreas por sí misma.

Entre 1976 y 1987, los contratistas petroleros obtuvieron ingresos netos (descontando los costos de operación y las inversiones realizadas) por un monto de 846 millones de dólares, a través de las ventas de estos de 35,4 millones de m3 de petróleo a YPF. YPF pagó en total 1.742 millones de dólares por esa producción, cuando haberlos producido por su cuenta hubiera costado unos 896 millones de dólares. Una privatización periférica ineficaz e ineficiente.

A esto hay que adicionarle los 2.600 millones de dólares que YPF les dio a las empresas privadas de hidrocarburos por las reservas y la infraestructura. Los contratos entre el Estado y las empresas se hicieron con la finalidad de acrecentar la producción de petróleo, cosa que nunca ocurrió, dado que los contratistas privados no efectuaron las inversiones comprometidas ni descubrieron nuevos pozos de explotación.

Las petroleras privadas consiguieron mejorar los precios (que aumentaron un 250% promedio, en dólares, entre 1977 y 1988) y bajar los compromisos productivos. También consiguieron la condonación de multas por un monto de 40 millones de dólares.

El petróleo que vendía YPF a las comercializadoras Esso y Shell se efectuaba a precios hasta tres veces inferiores a los de compra. Esta maniobra ocasionó déficits operativos en la petrolera estatal en la década de 1980, con un mínimo de pérdida de 93,9 millones de dólares en 1984 y un máximo de pérdidas de 2.140,4 millones de dólares en 1981.

Al producirse el golpe militar el 24 de marzo de 1976, YPF tenía una deuda externa de 372 millones de dólares. En 1980 era de 2.930 millones de dólares, en 1981 de 4.050 millones de dólares, en 1982 era de 4.800 millones de dólares y en 1983 habia ascendido a 6.000 millones de dólares. En siete años el endeudamiento creció 16 veces.

Ya para diciembre de 1981, el 90% del activo estaba compuesto por deuda y en junio de 1982 todos los activos de YPF estaban representados por endeudamiento (100 %).

Las autoridades de YPF desmintieron que la deuda haya tenido que ver por la imposibilidad de financiar gastos operativos y un plan de inversiones, sino con precios bajos percibidos y deudas de empresas (privadas y públicas) para con YPF.

De vuelta, los peritos judiciales determinaron (fs. 1836) que la última autoridad de YPF antes de la vuelta de la democracia, reconoció y también lo expresó en la memoria de la compañía en 1982, que las autoridades económicas y financieras decidieron el endeudamiento externo de la compañía sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades financieras en moneda extranjera.

Los dólares -sostienen los peritos- fueron volcados al mercado de cambios para favorecer la política de apertura.

Esto también confirmado por todas las autoridades de YPF como el Ingeniero Carlos María Benaglia (fs. 3276), ex presidente de la institución.

El Ingeniero José Antonio Cosentino, que ingresó a YPF en 1957, fue presidente de la misma y ocupó importantes cargos, declaró en el juicio de la deuda (fs. 5081/3) que la empresa “fue obligada a renegociar su deuda inicial de 1976”, y “posteriormente fue obligada a contraer nuevos préstamos extranjeros, entregándose a YPF dólares y no pesos”.

El Ing. Cosentino precisó que YPF fue obligada a concertar un préstamo de 250 millones de dólares que no necesitaba ni lo había requerido. De esta forma, vulnerada en su patrimonio para que luego sea privatizada, pues era ese el objetivo.

Los profesionales que produjeron el informe pericial de la deuda externa de YPF constataron que las autoridades económicas decidieron el endeudamiento externo de YPF, sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades financieras en moneda extranjera. Tales divisas fueron volcadas al mercado de cambios para favorecer la política de apertura de la economía. Ello significó desviar los fondos externos del presunto destino que motivó la concertación de las operaciones de endeudamiento.

Estas diferencias de cambio fueron registradas como gastos financieros del ejercicio en desmedro de sus resultados operativos, como se desprende del informe pericial de dijeron los peritos judiciales los Dres. Curat, Chapman, Gomariz, Tandurella, Forino, entre otros.

Si el endeudamiento con el exterior por parte de YPF hubiera redundado en un aumento de la capacidad productiva (más máquinas, equipos de perforación, petróleos, derivados), los activos de la empresa hubieran subido (capitalización). Sin embargo, el endeudamiento no tuvo esos fines.

Toda esta situación detallada se replicó en Agua y Energía Eléctrica y las restantes empresas del Estado.

La última dictadura militar vació, endeudó y destruyó a las empresas del Estado en el marco de su programa económico, y para hacerle creer a la población que eran ineficientes por el solo hecho de ser públicas

Teléfono descompuesto

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) es famosa por haber sido una firma que era extremadamente deficitaria a finales de los ochenta, y que sus operadores llegaron a afirmar a sus clientes que “les iban a dar teléfonos recién en 30 años”.

Antes de 1976 más del 90% del trabajo del “plantel exterior” era hecho por los técnicos de ENTel. En 1983 ese porcentaje había descendido hasta el 8,9 %. La inmensa mayoría fue entregado a contratistas privados. Esta forma de “privatización periférica” se hizo con el argumento de que los servicios iban a mejorarse y ser eficientes. No obstante, casi todas las instalaciones hechas por los contratistas no funcionaban o estaban en pésimas condiciones.

La Standard Electric cobró por 250.000 líneas telefónicas que ni siquiera las puso en funcionamiento. Hay que recordar que estas instalaciones fueron pagadas a precios extraordinarios.

Solo la firma SINTEL (española) cobraba en su época 26.000 australes (50 dólares) por cada día de trabajo de uno de sus obreros y aparte los pasajes de avión.

ENTel proveía a las firmas privadas todo el material y el entrenamiento técnico. Si no se hubiera hecho esta forma privatizadora, el trabajo hubiese costado 10 veces menos en términos de fuerza de trabajo por personal de la empresa pública.

Agua y Energía

Agua y Energía Eléctrica no tenía ningún manejo sobre los créditos externos, dado que recibían instrucciones del Banco Central cuando se operaba el vencimiento de alguna cuota de un préstamo concertado con algún banco en el exterior, y desde allí se les decía si se cancelaba el crédito o si se lo refinanciaba.

El ex presidente de la firma estatal, el ingeniero Aníbal Leopoldo Blanco declaró (fs. 2361/3) que la empresa no recibía dólares, sino pesos, pues era el Banco Central el que se quedaba con los dólares.

Durante la administración de Blanco se contrajeron préstamos externos con el Citicorp por 100 millones de dólares, con el Lloyds Bank por 245 millones de dólares, con el Banco Crédit Commercial de France por 150 millones de dólares, con el National Bank of Canada por 250 millones de dólares, con el Crédit Lyonnais de Paris por 150 millones de dólares y con la Société Générale de Francia por 250 millones de dólares.

El gerente de Administración y Finanzas de la firma, Héctor Norberto Giorgetti, doctor en Ciencias Económicas, afirmó (fs. 2383/4) que a partir del 2 de abril de 1982 la deuda se fue acrecentando por razones ajenas a la empresa. Aclara también que (fs. 2388/9) que la deuda se incrementó de 1.138 millones de dólares a 3.280 millones de dólares entre 1978 y 1983.

En 1980 Agua y Energía Eléctrica, por decisión política, transfirió gratuitamente servicios a la provincia, generando una disminución de sus activos y su patrimonio neto. El Dr. Carlos Emérito González, director de la compañía, ratifica y confirma todas estas operaciones en una conferencia de empresa del día 7 de marzo de 1985, según el texto remitido al Senado.

O casualidad los bancos acreedores eran el Chase Manhattan Bank que tenía como apoderado al ministro de Hacienda de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el Mitsui Trust and Banking, cuyo representante en la Argentina era el Estudio Klein y Mairal, integrado este por el Dr. Klein que ejercía una Secretaría de Estado en el Ministerio de Economía.

A modo de cierre

El equipo económico de la última dictadura cívico-militar obligaban a las empresas del Estado a través del Banco Central a endeudarse con la banca privada internacional, aún sin la necesidad de financiamiento. También obligaban a reemplazar a los bancos acreedores nacionales por bancos acreedores extranjeros; es decir, se convertía una deuda argentina en una deuda externa.

Mientras la dictadura vaciaba y empeoraba a las empresas del Estado, desde ese mismo Estado se le daban todo tipo de beneficios a grandes empresas privadas y grupos económicos capitalistas como Mercedes Benz, Techint, Loma Negra, Ford, Ledesma, Acindar, los grandes bancos, el Grupo SOCMA, IBM, etc. No hay que olvidarse, tampoco, de la estatización de la deuda externa dictada por el Banco Central en 1982.

Los peritos han confirmado que, a pesar del endeudamiento externo creciente de las empresas públicas, se registraron en las mismas disminuciones de los bienes de uso como en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) en 1979, la Empresa Nacional de Correos (ENCOTel) en 1980, Fabricaciones Militares entre 1977 y 1980, y Ferrocarriles Argentinos entre 1976 y 1980.

De acuerdo a las propias declaraciones de las autoridades económicas y de los gerentes del Banco Central (1976-1983), a partir de 1980 (resolución 170/1980) la Secretaría de Coordinación y Programación Económica fijaba trimestralmente los márgenes de endeudamiento posibles de las empresas del Estado. Antes lo hacía el Banco Central.

Esta resolución fijaba cada 3 meses los montos por los cuales podía endeudarse una empresa estatal. Cabe destacar que el endeudamiento de las empresas del Estado no era el resultado de requerimientos financieros en moneda extranjera en relación a determinados proyectos o emprendimientos productivos. Por otro lado, el Estado cubría el déficit operativo de sus empresas sin la necesidad de pedir un crédito externo.

Como bien se expresa en el libro Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron de Alejandro Olmos, las empresas públicas eran un instrumento de política económica para la obtención de divisas en el mercado internacional de capitales. En este libro se detalla de forma precisa cómo las firmas de la órbita pública fueron objeto de vaciamiento a través del endeudamiento con el exterior.

Así, el autor afirma: “Las empresas actuaban como simples “prestanombres” en la negociación de los préstamos externos, ya que los dólares ingresaban a las arcas del Banco Central y las empresas recibían pesos. Al respecto conviene señalar que en estas operaciones el Banco Central no actuaba como un “cambista” pagando con moneda argentina las divisas que compraba a las empresas públicas. La situación era diferente, ya que el Banco Central “utilizaba” a las empresas públicas para la obtención de fondos externos”.

Bibliografía

Olmos, Alejandro.: «Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron», Ediciones Continente, 1990, editado en 2004 (pieza fundamental de este artículo)
Castellani, A.: Estado, empresas y empresarios, Prometeo, Buenos Aires, 2009-Gorenstein, S.: “El Complejo Petroquímico Bahía Blanca: algunas reflexiones sobre sus implicaciones espaciales”, Desarrollo Económico, Vol. 32, Nº 128, enero-marzo 1993-Mussi, E.: “La valorización de un capital de propiedad estatal en la siderurgia argentina: SOMISA (1947-1989), Tesis de Doctorado, FFyL-UBA, 2017

Otras fuentes

Declaración en el Juzgado del CPN Alberto Andrés Camaño, gerente de Comercialización de YPF (fs. 3356 vta. y sgtes
Declaración en el Juzgado del Ingeniero Mario Luis Piñeiro, titular de YPF (fs. 2577)
Declaración en 1985 en el Juzgado del Presidente de Agua y Energía Eléctrica (fs. 2383/4)
Información sobre Agua y Energía Eléctrica presentada en el Juicio a la Deuda
Nota suscripta por J. Magistrelli, subgerente de Exterior y Cambios del Banco Central, se expresa que debe recurrirse a determinadas empresas del Estado, con márgenes de endeudamiento, para que obtuvieran créditos externos que negociados inmediatamente “nos diera disponibilidades” (fs 4751/2). Por supuesto que disponibilidades para el Central, no para la empresa estatal.
Gorenstein, S.: “El Complejo Petroquímico Bahía Blanca: algunas reflexiones sobre sus implicaciones espaciales”, Desarrollo Económico, Vol. 32, Nº 128, enero-marzo 1993.
Mussi, E.: “La valorización de un capital de propiedad estatal en la siderurgia argentina: SOMISA (1947-1989), Tesis de Doctorado, FFyL-UBA, 2017.
Castellani, A.: Estado, empresas y empresarios, Prometeo, Buenos Aires, 2009.
Declaración en el Juzgado del CPN Alberto Andrés Camaño, gerente de Comercialización de YPF (fs. 3356 vta. y sgtes)
Ingeniero Mario Luis Piñeiro, titular de YPF, declaración en el Juzgado (fs. 2577).

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