“¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?”, preguntó Agustín Rossi.

“Yo lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos, como por ejemplo Amelong, cuyo padre fue asesinado por montoneros en Rosario y en el 74. Era un ingeniero, su hijo está detenido por delitos de lesa humanidad. Cuando voy a marchas o investigo, simplemente reconstruyó la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra”, respondió Victoria Villarruel.

El debate fue uno de los más álgidos entre candidatos a vicepresidente que se recuerde desde el retorno de la democracia. Las elecciones de 2023 estaban cerca y otra vez se ponía en cuestión lo que había ocurrido en la última dictadura militar.

En días como el de hoy, tanto en la vida real como en la virtual circulan expresiones como #NoFueron3000 y #Son30Mil, como si el mero número de víctimas durante la década del ‘70 y comienzos de los ‘80 fuera a aligerar las atrocidades cometidas por el Estado, garante de las leyes y de la vida de sus ciudadanos.

Trazas de esas acciones han perdurado hasta la actualidad. Basta con recordar la desaparición, en plena democracia durante el año 2006, de Jorge Julio López, testigo en uno de los tantos juicios contra Etchecolatz, represor miembro de la policía y condenado a múltiples cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad. Su sentimiento de impunidad fue tal que, en el año 2014, durante la lectura de una nueva condena, Etchecolatz dejó ver un papel en su mano con el nombre del desaparecido López, mientras sostenía la mirada fija en víctimas de represión y familiares de desaparecidos. Nunca se pudo saber si la intención del condenado era provocar a los presentes o si tenía información clave sobre el destino de López.

Para analizar las décadas sangrientas, cabe dividir el periodo en dos partes: la década de los setenta y el comienzo de la última dictadura militar en 1976 hasta su caída en 1983. La división no es caprichosa, sino que permite identificar bien dos procesos que, si bien están concatenados, tuvieron características diferentes.

Los setenta

En plena Guerra Fría, el liberalismo capitalista y el socialismo comunista se disputaban el control del mundo. 

En ese entonces, el presidente Juan Domingo Perón había instaurado en Argentina lo que llamaba la “Tercera posición”, el justicialismo, un nacionalismo con injerencia económica pero dentro de una economía capitalista, que le daba una cierta libertad a los empresarios. 

Pero en 1955, Perón fue depuesto en un golpe de Estado militar, y el Partido Justicialista fue proscripto, es decir, inhabilitado para competir en elecciones, al igual que realizar propaganda política de este.

En este contexto de principios de los 60′ comienzan a surgir agrupaciones armadas de izquierda, guerrilleros que querían sacar a la dictadura y a la «derecha» del poder. Lo querían a Perón de regreso, pero de su lado, parte de una revolución socialista. 

Perón, exiliado en España, alentaba y recibía a los líderes de estas guerrillas en su residencia en Puerta de Hierro, donde cumplía su exilio. Ya a finales de la década del 60’ integrantes de la derecha y la izquierda peronista se mataban entre ellos.

La dictadura cae en 1973, y se termina la proscripción. Perón regresa al país, se producen más enfrentamientos entre estas facciones como la Masacre de Ezeiza, hasta que Perón termina echando definitivamente a los peronistas de izquierda de la Plaza de Mayo.

En este periodo, los grupos guerrilleros peronistas como Montoneros o las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), o las no peronistas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asesinaron entre 492 y 547 militares y policías, y 200 civiles. Muchos más cayeron ante grupos de derecha como la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, creada en 1973 por López Rega, secretario personal y ministro de Perón e Isabel.

En 1974, con la muerte de Perón y la asunción de su esposa, Isabel Martínez, al poder, como presidente firma una serie de decretos. Uno de ellos, el “Operación Independencia”, facultaba al Ejército a exterminar la guerrilla del ERP, apostada en la provincia de Tucumán (el ERP siempre fue más fuerte en zonas rurales, mientras que Montoneros en zonas urbanas).

Los militares, envalentonados por un pueblo cansado de los atentados entre derecha e izquierda derrocan un 24 de marzo de 1976 a Isabelita, y comienza el proceso más oscuro que conoció la Argentina

El «remedio» fue peor que la enfermedad… Una vez exterminada la guerrilla del ERP en Tucumán, y Montoneros con sus jefes en el exilio en los primeros años de dictadura, los militares, pudiendo llamar a elecciones libres, eligieron perpetuarse en el poder.

Terrorismo de Estado

La junta militar que desplazó el gobierno de Isabel Martínez fue presidida por los comandantes de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas (FFAA). Fueron Jorge Rafael Videla por el Ejército, Eduardo Emilio Massera por la Armada y Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea.

Estas fuerzas, con diferente niveles de injerencia, implementaron un plan sistemático de desaparición y tortura, con el fin de aterrorizar a la población y eliminar cualquier tipo de resistencia a cualquier tipo de política tomada por el gobierno militar. 

El término terrorismo de Estado o Estado terrorista es desarrollado conceptualmente de manera muy clara por el abogado y ex juez, Eduardo Luis Duhalde, quien caracteriza a este metodología como “un estado de excepción en todo el territorio nacional (la suspensión de las garantías constitucionales); la militarización del aparato del Estado; y un alto contenido represivo que pretendió la aniquilación física de sus opositores así como la destrucción de todo vestigio de organización democrática y antidictatorial”.

Cuando el presidente electo Javier Milei por ignorancia o discurso narrativo señala que en la dictadura se cometieron excesos, como decía Massera en el Juicio a las Juntas en 1984, es lisa y llanamente mentira, no se condice con la realidad histórica.

Se trató de un plan sistemático, no de casos aislados de desaparición o tortura sino de la regla. Fue un mecanismo bien aceitado entre militares, policías e informantes.

Se calcula que, en la represión ilegal, debido a las estructuras militares afectadas, se tenía a disposición unos 150.000 hombres, y 814 Centros Clandestinos de Detención (CCD), según el último número que se conoce de 2022.

Se trató de un mecanismo aprendido de la represión francesa anti subversiva en Argelia, cuando todavía el país africano era colonia de este país. 

Los militares argentinos tomaron este manual del Plan Cóndor, un sistema de coordinación represiva entre los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a los militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Tuvo vigencia entre mediados de los setenta hasta los inicios de los ochenta, mientras ocupaban los gobiernos de estos países.

La identidad de los detenidos/desaparecidos

Al día de hoy, muchos militantes del campo nacional y popular sostienen que, si bien alguna que otra persona tenía algún nexo con lo que quedaba de la guerrilla, la gran mayoría era gente que nada tenía que ver; estudiantes, militantes, sindicalistas, o profesores universitarios.

Sin embargo, el periodista y ex montonero, Aldo Duzdevich, escribe que esto se trata de un mito; es decir, la desvinculación de los desaparecidos con la militancia política que estos tenían. La mayoría de ellos, sostiene Aldo, eran militantes políticos, lo que no equivale a ser guerrilleros. Además, aclara que esto no justifica de ninguna forma lo realizado por el Estado argentino en esos años.

El autor de varios libros sobre los setenta, explica que la represión clandestina procedimentalmente consistía en “captura-tortura-información-nueva captura”. Al principio agarraban militantes de organizaciones políticas, que no eran parte de la lucha armada, pero tenían nexos hacia dentro de las organizaciones guerrilleras. Así fue el caso de la Juventud Guevarista y del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) para adentrarse en el ERP; y de las agrupaciones JUP, UES, JP, JTP para llegar a Montoneros.

Este mecanismo repetido infinidad de veces, lograba llegar rápidamente hacia los niveles más altos de la organización. Así, el Ejército aniquiló tan sólo en cuatro meses, a todo el estado mayor del ERP. En junio del ´76 cayó el jefe de columna Paco Urondo y en diciembre, Carlos Hobert, n°2 de la conducción nacional de Montoneros. Lo que motivó la salida del país de Mario Firmenich y el resto de la conducción.

Al principio, durante los Juicios a las Juntas Militares en 1985, se hizo hincapié, a partir del informe de la CONADEP, en que eran personas “inocentes”, para resaltar que nada tenían que ver con la guerrilla. Esa categoría en esa época tenía su sentido dado el gran poder que mantenían los militares, algo que se demostró con los levantamientos carapintadas y las leyes de Obediencia Debido y Punto Final posteriormente.

La realidad, y en base a reconstrucciones mismas de Montoneros y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo tenía cerca de 6000 personas en sus filas, pero apenas el 10 al 15% participaba en acciones bélicas, Montoneros tenía 10.000 personas, e igual porcentaje que el ERP de combatientes.

La dictadura de los desaparecidos

La complejidad del establecimiento del número de víctimas se debe al propio accionar estatal, que aplicaba una política de represión clandestina, incluyendo arrestos ilegales y ejecuciones.

A eso se le suma que, para crear un registro luego del retorno a la democracia, se necesitaban denuncias realizadas por familiares y conocidos de las víctimas, algo que en muchos casos no sucedió por temor, desconocimiento o pérdida de contacto.

En una entrevista en 2012 para el libro “Disposición Final”, Videla expresó que “había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”. 

Además, el ex jefe del Ejército mantuvo que era “necesario” cometer los crímenes de esa manera, de modo tal “que la sociedad no se diera cuenta ni pudiera provocar protestas dentro y fuera del país”.  Por esa razón, se sospecha que muchas listas no oficiales de detenidos ilegalmente fueron destruidas antes de la asunción de Raúl Alfonsín en 1983.

Además, no es lo mismo, simbólica como espiritualmente para una persona, que le asesinen un familiar, a desaparecerla, imposibilitando siquiera velar el cuerpo del difunto.

La ultraderecha argentina no discute los métodos sino el número de desaparecidos. Sería el equivalente a hablar del holocausto sólo en términos nominales, si fueron 5 o 6 millones de víctimas, sin reparar en los métodos de asesinato utilizados en población civil. Un reduccionismo total de un tema demasiado grave y cruel de nuestra historia.

Aclarado esto, aunque el número total nunca pueda esclarecerse, podemos repasar algunas de las cifras que circulan en diferentes recopilaciones.

Las cifras

El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado lista actualmente a 8.632 víctimas del terrorismo de Estado entre 1966 y 1983. Ese listado incluye desapariciones forzadas y asesinatos, con denuncia formal.

A eso se le suma una lista de 783 personas presuntamente desaparecidas (sin denuncia formal) según investigaciones de CONADEP, y unos 500 bebés y niños que fueron separados de sus familias, siendo apropiados bajo otra identidad.

¿Y la cifra de 30.000 desaparecidos? ¿De dónde surge? ¿Cómo se llegó a ese número?

1) Cantidad de Centros de Detención. Hubo más de 800 sitios clandestinos de detención y exterminio en todo el país. Y sólo en los grandes centros de exterminio como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo o El Atlético, las estimaciones sobre el número de prisioneros registrados que hubo en aquellos superan enormemente el número actual de la CONADEP y la Secretaría de DDHH. Tan solo si hubieran pasado 35 personas por cada uno de los establecimientos señalados, se llega fácilmente a la cifra de 30.000.

2) Habeas Corpus. La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

3) Correspondencia militar previa al Golpe. En cartas entre ramas militares surgen relevamientos desde escuelas hasta fábricas, con más de 30.000 las personas a eliminar.

4) Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Donde se constataba que en el año 1978, los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas, alcanzaban ya, el número de 22.000.

Henry Kissinger, secretario de Estado de EEUU (recientemente fallecido), fue informado de las intenciones violentas de las autoridades militares que asumieron luego del golpe e indicó apoyarlas en 1976. Según documentos desclasificados de la CIA, la inteligencia estadounidense estimó a través de sus agentes entre 1975 y 1978 una cifra cercana a 22.000 en su lista de desaparecidos y asesinados por el Estado.  

Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe. Aquella cifra de 22.000 correspondía solo a los primeros años de la dictadura.

Sin embargo, hay dos indicadores que se suelen citar para poner en duda la cifra de 30.000:

1) No hubo más de 9000 demandas al Estado por la desaparición de personas. Hubo 2 actualizaciones, una en 2006 y otra en 2015 pero el número no se modificó. Nadie más presentó una sola denuncia.

2) El testimonio de Luis Labraña. El ex montonero admitió en televisión que al número 30.000 lo había inventado él junto a las Madres de Plaza de Mayo en Holanda para obtener apoyo internacional. Porque la figura del genocidio es reconocida cuando hay más 30.000 víctimas.

Según Labraña, en 1979, las primeras listas elaboradas por Madres de Plaza de Mayo contenían alrededor de 4.000 nombres de desaparecidos. 

Cabe destacar que los documentos desclasificados de la CIA con las, al menos, 22 mil víctimas, salieron a la luz años después de estas apariciones públicas de Labraña.

La diferencia entre la metodología Nazi y la dictadura argentina

Otra dificultad para establecer cifras certeras consiste en la intencional falta de registros documentales.

Los nazis, a pesar de sus intentos por ocultar evidencias hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, dejaron una cantidad considerable de registros documentales sobre sus operaciones en los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz.

Esta documentación abarcaba desde listas de deportación hasta correspondencia oficial, pasando por registros de llegadas y, en algunos casos, registros de muertes. Aunque muchos documentos fueron destruidos intencionadamente por los nazis al final de la guerra, la cantidad y el detalle de los registros que sobrevivieron han permitido a los historiadores reconstruir con relativa precisión el número de víctimas con el paso de los años.

Por otro lado, en Argentina, durante la dictadura militar, el sistema de desaparición forzada de personas fue diseñado precisamente para no dejar rastro. Luego de los asesinatos, los cuerpos eran ocultados o destruidos. Este método tenía como uno de sus objetivos evitar la creación de registros documentales que pudieran ser usados posteriormente para rendir cuentas.

Además, la dispersión geográfica de los centros de detención clandestinos y la variedad de métodos empleados para deshacerse de los cuerpos complicaron aún más la tarea de documentar el número exacto de víctimas.

La metodología sistemática y burocratizada de los nazis, con su tendencia a la documentación exhaustiva, contrasta con la naturaleza clandestina y dispersa de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina, donde el proceso de esclarecimiento ha dependido en gran medida de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, esfuerzos forenses para identificar restos encontrados en fosas comunes o entierros clandestinos, y la labor de organismos de derechos humanos.

Víctimas de la guerrilla

En cuanto a las víctimas de organizaciones guerrilleras como Montoneros y ERP, se elaboraron diversas listas, aunque ninguna figura en sitios oficiales del gobierno. 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en su análisis de investigación presentado en el libro “Las cifras de la Guerra Sucia” refleja la respuesta oficial del gobierno militar luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979.

Hugo Gambini, periodista y escritor, elaboró una lista de 547 militares y policías asesinados por Montoneros y el ERP. A eso, le suma 230 asesinatos de civiles, que incluyen a políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla.

Por otro lado, la asociación Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), presidido por Victoria Villaruel, listó 1.094 asesinatos de civiles entre 1969 y 1979. Para ello, revisó recortes de prensa, libros y revistas.

El vicepresidente de la CELTYV fue Isaac Barrios, padre de Juan Eduardo, un niño de 3 años asesinado durante un ataque de Montoneros a un policía custodio de un banco. Luego de disparar y prender fuego al policía, Estela Inés Oesterheld (hija del autor de la historieta El Eternauta) habría disparado hacia todos lados, una de esas balas llegó al niño que murió en el acto. Isaac falleció en 2021, nunca fue escuchado ni recibido por el Estado. Estela Oesterheld fue acribillada en 1977 por la dictadura, estando embarazada.

Fuentes

Las Cifras de la Guerra Sucia – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Historia del Peronismo. La violencia (1956-1983). Gambini, Hugo.

CELTYV

Entrevistas televisivas

Cables de Estado de EEUU

guia_contra_el_negacionismo_.pdf

https://www.nytimes.com/es/2019/04/12/espanol/america-latina/argentina-dictadura-washington-documentos.html



https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532/
 
https://www.perfil.com/noticias/politica/cuantas-personas-desaparecieron-en-la-dictadura-la-duda-que-divide-a-los-argentinos.phtml

Cambiar el paradigma

Tres mitos a desmontar en torno a la identidad política de los desaparecidos – Infobae

Plan Cóndor – Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas

Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos | Argentina.gob.ar