En enero pasado, el diario británico The Guardian había publicado una nota sobre la llegada de mujeres embarazadas en búsqueda del pasaporte argentino, ya que el mismo le permite el ingreso a 171 países sin visado, incluidos los de la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, a diferencia del pasaporte ruso, con el que solo pueden ingresar a 80 países.

En su publicación, el diario británico contó la historia de la ciudadana rusa Polina Cherepovitskaya, que junto a su esposo viajaron a Argentina para tener a su hijo, apenas se inició la invasión a Ucrania.

“Descubrí que estaba embarazada poco después de que comenzara la guerra en Ucrania. Cuando vimos que las fronteras comenzaron a cerrarse rápidamente a nuestro alrededor, supimos que teníamos que encontrar un lugar al que pudiéramos viajar fácilmente. Un pasaporte argentino le abrirá muchas puertas a mi hijo”, contó la mujer.

En función de conseguir el tan preciado pasaporte, hace semanas que vienen entrando a la Argentina mujeres rusas embarazadas. La semana pasada entraron 33 ciudadanas rusas con embarazos de entre 32 y 33 semanas. Anterior a estos hechos, ya habían arribado 83 mujeres de Rusia al país, y 16 de ellas estaban embarazadas. De este último grupo, seis fueron retenidas en el Aeropuerto de Ezeiza, debido a irregularidades en su documentación para entrar. Finalmente el juez federal, Luis Armella, habilitó el ingreso provisorio al país de cuatro de las seis mujeres embarazadas retenidas, tras la presentación de recursos de habeas corpus.

Esta situación no paso desapercibida para Migraciones, que al enterarse de esta situación, primero sospecharon que podía tratarse de un delito de trata de personas, por lo que empezó una investigación donde realizaron más de 350 entrevistas a algunas de las ciudadanas recién llegadas. 

La titular de Migraciones, Florencia Carignano, explicó, en declaraciones a la prensa, que este boom de turismo de nacimientos se detectó en agosto pasado y los casos presentaban similares características: mujeres en el último trimestre de gestación que llegan con un paquete turístico ya cerrado que incluye también un contrato de alquiler temporal.

Y agregó: “Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte”.

A lo que se suma que desde el año pasado hay una causa penal abierta en el fuero federal que investiga qué hay detrás de la masiva llegada de ciudadanas rusas que vienen a parir a nuestro país, y que crece de manera exponencial mes a mes.

Sin embargo, y con esos datos, la Justicia habría descartado la hipótesis de la trata de personas y estaría enfocada en investigar quiénes están detrás de las organizaciones que lucran con el negocio del turismo del nacimiento.

El negocio

Kirill Makoveev se presenta como un empresario ruso que vive en la Argentina, hace unos años fundó RuArgentina que fomenta el “turismo de nacimiento”. Kirill habló con varios medios tras conocerse el caso de las seis mujeres retenidas en Ezeiza. Y quiso aclarar que su empresa no tiene ningún vínculo con las retenidas y desmintió dedicarse a la trata de personas.

En diálogos televisivos, el fundador de esta empresa, dijo: “nosotros prestamos un servicio de calidad, de traducción, de información y de acompañamiento. No traficamos personas. Son acusaciones falsas y esas palabras van a tener consecuencias”.

Y explicó “somos un equipo, vendemos nuestro tiempo. No vendemos ni pasaportes, ni DNI. Vendemos información sobre cómo conseguir estos documentos legalmente”.

El hombre también contó que su empresa trabaja con la clase alta y detalló que los paquetes turísticos que venden para viajar a dar a luz en Argentina tienen un valor mínimo de 5.500 dólares.

“Prestamos los servicios que faltan en el mercado. Nadie va a hablar con una rusa embarazada en idioma ruso acá en Argentina, ni en los hospitales, ni en la Dirección Nacional de Migraciones, ni en los juzgados. Entonces tiene que aprender a hablar español o utilizar nuestros servicios. Nadie va a traducirle, o a ayudarle a buscar un doctor, o un hospital. Entonces lo hacemos nosotros y les cobramos”, se explayó.

Números y allanamientos

Desde Migraciones señalaron que en 2022 ingresaron al país un total de 14.068 ciudadanos rusos, entre hombres y mujeres, y en los últimos meses unas 5.819 mujeres embarazadas llegaron al país y tuvieron a sus hijos en clínicas argentinas.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano ya había anticipado que “hay un patrón de conducta que está investigando la justicia y para la cual Migraciones aportó información”.  A lo que sumó que en el último año ingresaron al país 10.500 personas de nacionalidad rusa, entre ellas “5819 mujeres embarazadas”, y de esas 10.500, 7000 “ya no están en el país”. “Ese es el problema”, remarcó.

Las autoridades judiciales están investigando si detrás de la llegada a la Argentina de ciudadanas rusas embarazadas hay una organización que lucra con la situación. El expediente está a cargo de la jueza federal María Servini de Cubria y del fiscal Federico Delgado. 

El sabado pasado, Servini ordenó una serie de allanamientos, los cuales incluyeron procedimientos en dos inmuebles de Puerto Madero donde residían los supuestos líderes de la supuesta organización bajo sospecha.

“Los investigadores lograron identificar la primera línea de la supuesta organización delictiva. La red lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar en la Argentina pagaban entre 20.000 y 35.000 dólares para entrar en el país, tener una clínica u hospital para que nazcan sus hijos. Tras los nacimientos, como los bebés eran ciudadanos argentinos, la banda criminal gestionaban con documentación apócrifa tramites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord para los padres”, trascendió de fuentes judiciales.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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