FRANCIA: UNA REFORMA QUE OBLIGA A TRABAJAR POR MÁS TIEMPO
El proyecto de ley para aumentar la edad jubilatoria a 64 años obtuvo media sanción en el país galo. Los sindicatos están en pie de guerra y un informe del Gobierno que desmiente al Gobierno
El 7 de marzo de 2023, los principales sindicatos del país galo convocaron a más de un millón de personas para manifestarse en contra de la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra, Élisabeth Borne, fue la sexta ocasión en el año en que se realizan estas multitudinarias protestas.
A pesar de las continuas huelgas, el Senado francés le dio media sanción el sábado pasado el plan de reforma de pensiones con 195 votos a favor y 112 en contra, que habilita aumentar la edad jubilatoria a 64 años.
¿Qué propone la reforma de pensiones?
La reforma de pensiones, que entraría en vigor recién a partir de 2027, busca retrasar el plazo de jubilación de los 62 a los 64 años para el año 2030, además de cotizar 43 años de trabajo para acceder a la totalidad de la pensión, a diferencia de los 42 actuales.
Otra de las modificaciones que incorpora es que el cálculo de la futura pensión ya no se apoyará en los últimos seis meses de salario, sino que se hará en base a un promedio de todos los años cotizados.
Además, establece la unificación de los 42 regímenes diferentes de jubilación de Francia a uno, perjudicando varios sindicatos que contaban con diferentes beneficios por tener regímenes especiales, el aspecto más resistido por los sindicatos.
Así fue el caso de los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la entidad del transporte metropolitano de París (RATP), principales protagonistas de la huelga, que con la antigua legislación podían jubilarse a partir de los 52 a 57 años, o de los profesores, funcionarios de menores rangos y profesionales independientes también descontentos con la medida del Gobierno.
Sin embargo, no todos los trabajadores salen perjudicados, los agricultores tendrán una pensión mínima del 85% del salario mínimo neto, y junto a los comerciantes empezarán a percibir una pensión mínima de 1000 euros. Las mujeres y madres tendrán un aumento de su pensión (actualmente perciben una 38% menor a la de los hombres), y las madres empezarán a recibir un 5% de bonificación por cada hijo, a partir del primero.
Protestas y reformas pensionales anteriores
A pesar de casi treinta años de pelea de los sindicatos en contra de las reformas de pensiones, sucesivos gobiernos han podido promulgar muchas de las reformas en el sistema previsional:
Año 1995: En noviembre de 1995, el primer ministro francés, Alain Juppé, intentó subir la cantidad de años de aportes a 40 años para los trabajadores en el sector privado. Debido a esto, los huelguistas paralizaron los servicios de transporte durante tres semanas, los que contaron con el apoyo de la población para frenar la medida.
Año 2003: A pesar de las huelgas de más de un millón de personas, el primer ministro francés de ese entonces, Jean-Pierre Raffarin, reintentó, esta vez exitosamente, que los trabajadores logren 40 años de servicio para obtener una pensión completa, mientras que se aplicaron 42 años de cotización generales.
Año 2010: El presidente Nicolás Sarkozy aumentó la edad de jubilación de 60 a 62 años, a pesar de bloqueos de refinerías de petróleo, el parlamento objetó cualquier oposición y aprobó la ley.
Año 2014: En defensa de los posibles déficits en la caja de pensiones, François Hollande también aprobó para 2035 una cotización de 43 años de trabajo.
Año 2019: La compañía de ferrocarriles, Société Nationale des Chemins de Fer Français (SCNF), desató una huelga en contra de la intención del presidente Emmanuel Macron de unificar los sistemas especiales de pensiones, así como retrasar la edad de jubilación hasta los 64 años. Gracias a la pandemia de Covid-19 se paralizó esta reforma.
El Marzo Francés: las protestas en energía y transporte
El 7 de marzo, el sindicato francés Confederación General del Trabajo (CGT) -Confédération générale du travail- (homónimo al argentino) saboteó los envíos y operaciones de refinado en las plantas de TotalEnergies y Esso. En esos días, las entregas de Esso a la planta de Fos (Occitania) y a las de Port Jerome (Seine-Maritime) fueron bloqueadas.
Por su parte, el 64% de sus operarios de Total Energies estuvieron en huelga el martes 7 de marzo por la mañana, y bloquearon las refinerías de Gonfreville, en Normandía, y la de Donges, en el oeste de Francia.
La actividad de la refinería del grupo Petroineos (filial del británico Ineos y PetroChina) también estuvo afectada, durante la mañana del miércoles 8 de marzo, luego de que un 80% de sus trabajadores se sumaran a la protesta.
Asimismo, se informó de una caída de 13.000 MW en las centrales térmicas y nucleares, equivalente a la producción de una docena de reactores, por falta de trabajadores.
El transporte no se quedó atrás y registró afectaciones, incluyendo cancelaciones de vuelos; en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, se cancelaron una quinta parte de los vuelos previstos, y en el de Orly se suspendieron alrededor de un tercio.
Además, durante el 7 de marzo, la empresa ferroviaria nacional (SCNF) reportó que solo circularon uno de cada tres trenes a nivel nacional, e internacionalmente se suspendieron viajes a España y trayectos a Gran Bretaña y Bélgica.
A favor de la reforma
De acuerdo al organismo oficial, el Consejo de Orientación de Retiros (COR) -Conseil d’orientation de retraites-, esta medida es necesaria debido a la baja tasa de natalidad actual en Francia y la disminución de las trabajadoras activas.
Sumado a la eventual jubilación en masa de la generación más abundante de Europa, la generación “Baby Boomer” (personas que nacieron entre finales de los ´50 y principios de los ´60), generaría una inviabilidad que no permitiría la sostenibilidad del sistema.
Además, la edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa y de modificarse, se acercaría a los 65 años de España o los 67 de Dinamarca.
“Si no aprobamos estas reformas, el sistema actual estará en peligro”, declaró Macron al canal de televisión TF1 a finales de 2022. Macron incluso aprovechó su tradicional discurso de Nochevieja para decir que las medidas deben promulgarse para garantizar que el sistema de pensiones de Francia sea financieramente viable en las “próximas décadas”.
Con esta reforma, y el aumento consiguiente de la tasa de empleo de personas entre 60 y 64 años, se aumentarían las pensiones de los pobres entre un 2,5% y 5%, y equilibrarán el presupuesto de pensiones que para 2030 se estima en un déficit de 13.500 millones de euros, estableciendo un ahorro de 17.700 millones de euros para ese año.
En contra
Desde la oposición de izquierda y sindical se argumenta que el equilibrio se debe lograr aumentando los aportes patronales o la carga impositiva empresarial.
Recientes sondeos muestran que dos tercios de los franceses se oponen mayoritariamente a la reforma concreta, aunque una buena parte reconozca la necesidad de cambiar el sistema.
Según un informe de septiembre de 2022 del mismo Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), refuta lo que plantea Macron, donde indica que el sistema de pensiones arrojó superávit en 2021 (900 millones de euros) y 2022 (3.200 millones de euros), aunque predijo que el sistema sería deficitario de media durante el próximo cuarto de siglo.
Según la estimación del Consejo, “entre 2023 y 2027, las finanzas del sistema de pensiones se deteriorarán significativamente”, alcanzando un déficit de entre el 0,3 y el 0,4 por ciento del PIB (o algo más de 10.000 millones de euros al año) hasta 2032. Sin embargo, el Consejo estima que a partir de mediados de la década de 2030 se volverá gradualmente a una situación de equilibrio, incluso sin reformas.
¿Qué sigue?
Si bien, es evidente que la reforma pensionaria fue clave en la campaña de reelección de Macron, esta tiene una extrema apatía del grueso de los sindicatos y de la población.
El proyecto obtuvo media sanción el sábado 11 de marzo tras ser examinado por un comité conjunto de legisladores de la Cámara baja y alta.
Ahora, el partido Asamblea Nacional (del presidente Macron), necesita el voto de sus aliados para obtener la mayoría en la Cámara baja. Sin embargo, el gobierno puede prescindir de los votos parlamentarios mediante el polémico artículo 49.3, el cual, suspende el debate parlamentario y abre un plazo de 24 horas en el que los diputados pueden solicitar una moción de censura. Si se logra que una décima parte de los diputados voten la moción de censura, se cancela el proyecto.
Fuentes de referencia
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Redactor en El Punto Medio, cubre política internacional. Estudiante de Ingeniería de Audio en School of Audio Engineering (México DF).