VIALIDAD: LOS FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA CONDENA A CRISTINA FERNÁNDEZ

Se conocieron las razones de la condena por la adjudicación irregular de la obra pública en Santa Cruz que les costó $ 84.335 millones a los argentinos. Mucha de la prueba se toma de la etapa de procesamiento del año 2018

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La causa Vialidad fue un proceso por el que se investigó si hubo una adjudicación irregular de la obra pública en favor del empresario santacruceño de la construcción, Lázaro Báez, desde el Gobierno nacional, y, si en esta adjudicación estuvo involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández. Algo que finalmente se probó.

La instrucción de la investigación estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini (ahora involucrado en el escándalo del viaje a Lago Escondido) y los fiscales Juan Bautista Mahiques (ahora jefe de los fiscales porteños) y Gerardo Pollicita.

En su primer término, en su escrito procesaron a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido (condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once y procesado en varios más), el secretario de Obra Pública, José López (condenado a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con USD 9 millones del convento), Nelson Guillermo Periotti, ex director de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Carlos Santiago Kirchner, ex titular de la secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Abel Claudio Fatala, el ex subsecretario de Obra Pública y a Lázaro Báez, por asociación ilícita, es decir, una estructura de varias personas que tienen el solo fin de cometer ilícitos para enriquecerse, en este caso, los fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, de mayo de 2003 a diciembre de 2015.

Además también quedaron procesados a Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz (la AGVN), por defraudación al Estado, es decir, un perjuicio a las arcas públicas.

Luego de que se celebre el juicio oral, el cual tuvo como fiscales acusadores a Sergio Mola y Diego Luciani, el tribunal compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso emitió la sentencia y calculó el perjuicio al Estado en $ 84.335 millones. La cual recupera varios argumentos presentados en la etapa de la instrucción como:

1) La cantidad de fondos otorgados

De 2003 a 2015, Santa Cruz fue la provincia que el gobierno nacional transfirió más fondos públicos para la realización de obras viales. Unos $ 21.880 millones, un 11% del presupuesto total. Lo mismo que le asignaron en ese periodo a 8 provincias: La Pampa ($ 1.500 millones), Tierra del Fuego ($ 2.401 millones), Jujuy ($1.900 millones), San Luis ($ 2.900 millones), Catamarca ($ 2.244 millones), Tucumán ($ 2.600 millones), Neuquén ($ 3.200 millones) y Misiones ($ 3.800 millones); e incluso un monto prácticamente igual al ejecutado en la provincia de Buenos Aires que tiene más de 16 millones de habitantes (50 veces la población de Santa Cruz) y una superficie de 307.541 km² mucho mayor a la de la provincia patagónica, de 243.943 km². Y si analizamos particularmente solo las transferencias para rutas durante el kirchnerismo se le entrego más a Santa Cruz que a Bs. As.

2) Lázaro Báez, la figura clave

Báez era amigo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y ocupaba el cargo de tesorero del Banco de Santa Cruz. Días antes de asumir como presidente Néstor, Báez junto Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti constituyeron AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA, al igual que el resto de las empresas de Báez, ya que sabían que iban a obtener las adjudicaciones.

A pesar de no tener experiencia previa en el sector la construcción, el Grupo Báez “ganó” 51 de las 88 licitaciones que se presentó de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, de las 51 adjudicadas, sólo 26 fueron terminadas en los plazos establecidos. El monto recibido por estas obras fue de $ 46.000 millones (año 2016).

Lázaro Báez en las audiencias orales del juicio de Vialidad. AFP.

La presentación de distintas ofertas por encima del límite legal que establece en su art. 32 la Ley 2.743 sobre que la oferta no puede ser mayor al 20% al presupuesto, fue la estrategia para que ganara siempre la empresa que Báez quería y así simular competencia en la licitación. Según los fiscales, se comprobó sobreprecios del 64,72% en promedio, en algunas de las ofertas del Grupo Báez.

Algunas de las empresas que simulaban competir eran: AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA, KANT Y COSTILLA, LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES SRL Y CONSTRUCTORA PATAGÓNICA ARGENTINA SA, entre otras.

¿Cuál fue el resultado es esto? El descomunal enriquecimiento de Báez. mientras que en 2002, Báez declaró ante la AFIP un patrimonio de $ 1.123.000, para 2014, este había aumentado a $ 137.373.000, un salto del 12.131%. Lo mismo ocurre con AUSTRAL CONSTRUCCIONES, que de tener en 2003 un patrimonio neto de un poco más de un millón de pesos, en 2012 superó los 600 millones, un incremento del 45.313%.

3) La total falta de control

Nelson Periotti, fue el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el órgano que entregaba las licitaciones y debía velar por el cumplimiento correcto de las obras.

Ahí, Periotti designó como subadministradores de la DNV a Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Joaquín Alonso (quien era un hombre de AUSTRAL), y a los gerentes de administración Francisco León, Norma Beatriz Villarreal y Sergio Passacantando (ex empleado de la financiera INVERNES SA de Ernesto Clarens, también propiedad del Grupo Austral).

Pero la DNV le delegó sus funciones de control a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, donde Raúl Daruich, de 2006 a 2008, y luego Mauricio Collareda, de 2008 a 2015, como jefes del 23° Distrito, no supervisaron las obras públicas viales que debía realizar el Grupo Báez. También emitieron y firmaron los certificados de obra que les permitió a Báez cobrar las obras “terminadas”, cuando no lo estaban.

Nelson Guillermo Periotti, ex director de la Dirección Nacional Vialidad (2003-2015)

Además, a las empresas de Báez se les pagaba en 60 días, en cobros anticipados, llamados formalmente convenios de pronto pago, cuando al resto de los contratistas se tardaba un promedio de 207 días, algo que confirmaron los ex empleados de Vialidad, Silvina Paula Maiorana y Guillermo Bartoli como la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

El otorgamiento de anticipos financieros eran del orden del 20% o 30% del total del contrato, sin la reducción del plazo que, según los pliegos, hubiese correspondido. Esto se evidencia, que al terminar el gobierno de CFK en 2015, la única empresa a la que no le debía plata el Estado era al Grupo Báez. Ninguna otra empresa tuvo este trato preferencial.

4) El rol de Cristina Fernández

¿Cómo entra Cristina Fernández en este entramado? A primeras parece algo lejano a su carácter de presidenta de la Nación. Pero no.

También el procesamiento de Ercolini se recupera el decreto n° 54/09 que facultó a la DNV para que hiciera uso de los fondos extra presupuestarios del fideicomiso conformado por lo recaudado de la tasa de transferencia del gasoil (decreto n° 976/01), de uso discrecional del presidente de la nación, que no forma parte del presupuesto nacional ni está regido por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Este decreto, firmado de puño y letra por la presidenta de entonces, facultó a la cúpula de Vialidad “para que hiciera uso de los fondos extra presupuestarios del fideicomiso (…) y fuera utilizado por los funcionarios para pagar obras asignadas a las empresas de Báez, todo ello, pese a las recomendaciones en contrario de las Direcciones de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación y Economía; y usó las facultades de sus subalternos -ministro, secretario y administrador general- para direccionar más fondos de sus respectivas carteras, con el fin de beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas”.

Si bien, el escrito de la instrucción ya planteaba que luego Báez, con los fondos públicos en su poder, iniciara una etapa posterior, dónde parte de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a través de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades (investigado en la Causa Hotesur y Los Sauces) los fiscales Mola y Luciano subrayaron la cantidad de vínculos comerciales que mantuvieron todo ese tiempo Cristina y Lázaro, hay 10 operaciones comerciales directas entre ambos, y agregaron el eslabón que los conectaba, ya ella siendo Presidenta: José López, el secretario de Obras públicas de la Nación.

A la derecha José López, ex secretario de Obras Públicas (2003-2015) quién ya suma condenas por 12 años.

La fiscalía pudo probar en los chats entre el ex secretario de Obras Públicas y la ex presidenta, que López era el nexo entre ella y Báez. Muchas veces a través de sus secretarios privados, Mariano Cabral y Diego Bermúdez, quienes lo contactaban con frecuencia para citarlo en el despacho de Cristina. “La presi quiere hablar con vos”, o “te quiere hablar la jefa”, le decía Bermúdez a López.

Estas pruebas fueron incorporadas por la fiscalía, sin que la defensa de Cristina apelara.

Además, los jueces convalidaron como prueba una serie de llamadas entre López y Máximo Kirchner, e intercambios entre el Matías Bezi (ex asesor de Máximo) y López, en orden para que el hijo de quien era presidenta definiera cuáles serían las 100 cuadras de pavimentación que haría una de las empresas de Báez en Río Gallegos. En ese momento, Máximo no era funcionario y era quien administraba los negocios familiares..

Las penas

Cristina Kirchner fue condenada 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por considerarla penalmente responsable por los delitos fraude al Estado.

Lázaro Báez también fue condenado a 6 años de prisión por ser partícipe de administración fraudulenta de la administración pública.

Fueron absueltos: Julio De Vido (por considerarse que no tuvo injerencia en el patrimonio de Vialidad), Claudio Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), Santiago Kirchner (primo del ex presidente, y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública) y Héctor Garro (ex titular de Vialidad Santa Cruz). Ninguna pagará costas del proceso judicial.

Fueron condenados: José López a 6 años de prisión por defraudar al Estado, al igual que Nelson Periotti, 5 años para Juan Carlos Villafañe (ex intendente de Río Gallegos), 4 años para Mauricio Collareda, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y 3 años para Osvaldo Daruich. Además, todos tienen inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La próxima batalla

Estos negocios que mantenía en simultáneo Báez con los Kirchner, a través del alquiler de sus hoteles por sus constructoras es investigado en la Causa Hotesur y Los Sauces, donde de por sí ya está probada una incompatibilidad de deberes de funcionario público, debido a que están las constancias de alquileres pero de lo que se sospecha que se trató fue de “lavado de dinero”, como vuelto por todas estas obras a Báez. Además, hay otra causa judicial por el alquiler que hicieron empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas de propiedades de los Kirchner.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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