LA JUBILACIÓN MÍNIMA ES LA MISMA POR LA QUE PELEABA NORMA PLÁ EN LOS ‘90
En la actualidad la jubilación mínima, más el bono del Gobierno, representa cerca de 150 dólares (blue): los mismos haberes por los que los jubilados reclamaban en los noventa
Los noventa
En la década de los noventa, la jubilación mínima era de $150, equivalente a 150 dólares.
Cabe mencionar que no todos los adultos mayores lograban acceder a esta prestación, principalmente si habían desarrollado su vida laboral en la informalidad o en el hogar.
Al día de hoy, mayo de 2023, con la jubilación mínima en $70.000, menos la inflación de EE.UU., más el bono de $15.000 que dio el Gobierno estamos hablando de 156 dólares (al tipo de cambio blue). Un poco más que por lo que peleó Norma Plá.
Norma Plá fue una mujer, la cual pese haber trabajado de los 12 a los 62 años, no pudo jubilarse pero que logró heredar una pensión de $150 de su marido, fallecido tiempo atrás.
Esta mujer, de contextura pequeña, organizó 100 marchas frente al Ministerio de Economía para reclamarle al Gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo, un aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, que como se dijo, rondaban los 150 dólares.
El kirchnerismo y los viejos
Durante la primera parte del kirchnerismo: entre 2003 y 2008, los aumentos en el haber jubilatorio eran discrecionales por decreto.
En ese año, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.417, mediante la cual los aumentos pasaron a ser semestrales con una fórmula compuesta mitad por recaudación tributaria y mitad por variación de salarios.
Para esta variación salarial se tomaba el índice general de salarios según el INDEC, o el RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables), el que resultara mayor.
En los hechos, durante la vigencia de la ley, entre 2008 y 2017, las jubilaciones mínimas aumentaron de manera real, es decir, aumentaron su poder adquisitivo, entre un 19% y 26% en todo el período según las métricas utilizadas y el organismo que realizó los análisis. Esto debido a la falta de datos confiables en el INDEC durante esos años.
Dada la composición de la fórmula, en años críticos donde el boom de la soja no otorgó ingresos suficientes (2010, 2014 y 2016) las jubilaciones tuvieron pérdida de hasta 7% con respecto a la inflación.
Macri…
Ya con la llegada del macrismo en el poder, en 2017, y bajo una importante manifestación frente al Congreso, se aprobó una nueva ley de movilidad jubilatoria (Ley 27.426).
Esta vez, la fórmula estaría compuesta en un 70% por la variación de la inflación, y en un 30% por la variación del RIPTE. Las actualizaciones serían trimestrales, aunque con un desfase de seis meses. Es decir, para el cálculo del aumento de diciembre, se tomaban los índices de junio.
Este punto fue el más cuestionado por la demora del impacto en el haber, incluso analistas opositores dieron su visto bueno a la composición de la fórmula al contemplar la inflación, pero criticaban el desfase de seis meses.
De esta manera, entre su primer aumento (marzo de 2018) y su suspensión (diciembre de 2019), la variación real de las jubilaciones implicó una pérdida de poder adquisitivo del 19.5% según Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
A pesar de ello, si en esos dos años se hubiera aplicado la fórmula de 2008, la pérdida hubiera trepado hasta el orden del 23%.
Remedios que no compensan
Los remedios gratis que se proveen desde el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) la obra social nacional de los jubilados, actualmente, cubre todos los medicamentos de 4 de cada 10 jubilados, y por lo menos uno de 9 de cada 10. Equivalían a $ 3200 pesos en 2020 que se ahorraban estos jubilados. Durante el gobierno de Cristina Fernández el plan fue similar .
Durante Macri se sacaron, aunque para equilibrar la balanza otorgó a casi 1 millón de jubilados la reparación histórica de $6000 extras por mes (a valores de 2020), a cambio de renunciar a hacer nuevos juicios al Estado en el futuro.
Del 20% de aumento a ajustar
En 2020, de haberse aplicado la fórmula de Macri, el aumento porcentual en jubilaciones hubiera sido del 42%, superando la inflación del año en curso.
Con la suspensión y los aumentos por decreto de Alberto Fernández, ese año las jubilaciones mínimas aumentaron un 35%, y las más altas un 24%, quedando por debajo de la inflación anual y por debajo de la previamente cuestionada fórmula de 2017.
Además, se causó un achatamiento en la pirámide donde, a partir de marzo, quienes cobraban alrededor de $25.000 ya notaban una disminución en su poder adquisitivo.
Así, Alberto Fernández rompió la promesa de campaña de subir un 20% las jubilaciones el 10 de diciembre de 2019 para recomponer las pérdidas del macrismo.
Dada esta situación, durante ese tiempo se trató una nueva fórmula de aplicación trimestral en el Congreso. Luego de algunas modificaciones, la propuesta estableció una fórmula con las siguientes variables: 50% por el aumento de la recaudación, y el otro 50% por la evolución de salarios.
Según expresan diferentes referentes, desde Néstor Pitrola (Partido Obrero) hasta el sector comandado por Roberto Lavagna (Consenso Federal) pasando incluso por referentes cercanos al mismo Frente de Todos, la fórmula resultará mucho peor que la suspendida debido a las proyecciones inflacionarias y la baja recaudación estimada para el 2021.
Resaltan que quitar la inflación del cálculo perjudica aún más a los jubilados, y que no se hace foco en los principales problemas que provocaron el quiebre del sistema previsional: informalidad mayor al 50% y uso de fondos del ANSES (y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -FGS-) para objetivos distintos al previsional por parte de diferentes gobiernos.
Claramente, ninguna fórmula, ni la estructura actual del sistema previsional argentino, ha logrado conservar o aumentar el poder adquisitivo de los jubilados en todos los años de manera continua. Dependiendo del contexto económico, en algunos años una fórmula es superadora mientras otra no, y viceversa. Cada gobierno, en su rol oficialista intenta parches de dudoso resultado, mientras que la oposición marca los defectos, que parece olvidar cuando los roles se intercambian.
En relación al drama de los jubilados, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, señala que “Los funcionarios llaman un gasto social a las jubilaciones y pensiones porque no tienen en cuenta que es un derecho de los trabajadores que aportamos 30 o 40 años de nuestras vidas y hoy somos estafados por el Estado“.
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