¿CASTA POLÍTICA?: CÓMO EL BIEN COMÚN SE CONVIRTIÓ EN UN NEGOCIO

El uso excesivo del término en las últimas elecciones legislativas de 2021 por parte de un sector político llevó a banalizar el concepto de "casta política" pero en realidad hay que prestarle mucha atención

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Parte del discurso electoral de Javier Milei, diputado electo por el liberalismo, se construyó a partir del eje de “la casta política vs. el resto de la sociedad”. En un principio incluyendo a los dos partidos políticos mayoritarios del momento, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Luego Milei se reunió con el ex mandatario Mauricio Macri y aclaró que este no era parte de la casta.

Pero ¿Qué es una casta? ¿Existe una “casta política” en Argentina? En caso que sí ¿Es la única casta?

La palabra casta aplicada en lo que refiere a política, a diferencia de las castas sociales que existen en la India, se empezó a usar para describir a la política italiana que había conformado una élite. Luego Podemos, el partido español de izquierda, lo usó para denunciar los beneficios y privilegios de la clase política del país ibérico y del status quo que constituyó el Partido Popular.

El Diccionario de la Real Academia Española la define como “En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión..“. Cuando hablamos de la casta política, obviamente nos referimos a los políticos o clase política, en su totalidad

¿Y qué hace que la política sea especial y esté separada de la sociedad?

Para responder esto trazamos cuatro categorías para ver si efectivamente existe una casta política en la Argentina: “privilegios al que el resto de la sociedad no accede”; “trato preferencial ante la ley”, “beneficios económicos del Estado” y “tiempo en el poder”.

Privilegios

Tal vez un ejemplo que puede servir para ilustrar el sistema de privilegios sea el “Vacunatorio VIP“, donde un selecto grupo mayormente compuesto por funcionarios y familiares de estos accedieron a la vacuna contra el COVID antes que el resto de la sociedad.

Otro puede ser las 148 visitas que recibió la primera dama, Fabiola Yáñez, de estilistas, peluqueros y hasta adiestradores de Dylan, el collie presidencial, en plena cuarentena estricta.

Para el resto de la sociedad no corría esta suerte. De hecho, CORREPI (la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) documentó 92 asesinatos por fuerzas del Estado, principalmente policías provinciales, durante el periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Trato preferencial ante la ley

La causa judicial nacida del “Vacunatorio VIP”, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, la que se pronunció sentenciando que no hay delito, “ni abuso de autoridad, ni conflicto de intereses, ni tráfico de influencias“. Para ella se trató de algo no ético y por lo tanto no punible.

Lo mismo ocurrió con Carlos Menem que evitó ir preso, a pesar de tener condena en segunda instancia en el “Caso Armas“, gracias a una Corte Suprema y el tribunal federal de la Sala I de Casación Penal que se fueron lavando las manos y nunca se llegó a una definición.

Hace un tiempo en El Punto Medio sacamos una investigación sobre “Estafas Millonarias de la AFIP a Monotributistas“, donde se expuso cómo el ente máximo de recaudación de impuestos, le creaba deudas inexistentes a monotributistas, para obligarlos a ser Responsables Inscriptos. Hoy en día, la mayoría están reestructurando esta deuda ilegítima o trabajando en la informalidad.

Pero a los amigos del poder como Cristóbal López y Fabián De Sousa, Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, les otorgó prórrogas para evadir millones de pesos en impuestos, hasta que el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, expuso la maniobra y la Justicia terminó condenando a Echegaray.

En Córdoba en 20 años desde que se conformó el fuero anticorrupción, ninguna denuncia trascendió.

Beneficios económicos

Los negocios espurios de Carlos Menem y las prebendas de muchos de sus funcionarios, los negociados inmobiliarios de los Kirchner con el Estado, el sistema de cartelización, coimas y sobreprecios en la obra pública en convivencia con grandes empresarios durante el kirchnerismo, la condonación de la deuda de Mauricio Macri a una empresa de su familia, los negocios de Carla Vizzotti, Ginés González García y Adolfo Rubinstein con laboratorios de los que son parte.

Se ha consolidado una clase política empresaria que lucra a partir de su posición de poder en el Estado.

Perpetuidad de cargos

Promueven la perpetuidad en los cargos públicos, a través de lazos sanguíneos, los Kirchner en Santa Cruz, los Zamora en Santiago del Estero (pareja que se turnan), los Urtubey en Salta o los Rodríguez Saa en San Luis (hermanos), o en Córdoba donde Juan Schiaretti puso a su esposa, Alejandra Vigo como legisladora provincial, diputada y senadora nacional y ahora incorporó a Natalia De la Sota (hija del ex gobernador Juan Manuel De la Sota) como diputada.

O los casos de los “Barones del Conurbano” en las intendencias de la provincia de Buenos Aires como en Florencio Varela donde Julio Pereyra estuvo de intendente 25 años, Tres de Febrero con Hugo Curto por 24 años, Merlo con Raúl Othacehé por 24 años, o San Isidro gobernada por 16 años por Melchor Posse para después pasarle el poder a su hijo, Gustavo Posse, quien gobernó 20 años más.

¿Unidos?

Ana Iparraguirre, analista de opinión pública y desarrolladora de campañas políticas, dice que como clase, categoría o casta los políticos tienen un 75% de imagen negativa e incluso dice que esta brecha entre la política y los ciudadanos puede ser aún más condicionante electoralmente que la grieta kirchnerismo vs. antikirchnerismo.

Fuentes

LA CASTA de Luis Gasulla
LA RAÍZ de Hugo Alconada Mon
ROBO PARA LA CORONA de Horacio Verbitsky
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)
LA NACIÓN MÁS |
Editorial Carlos Pagni
Declaraciones Ana Iparraguirre
A24
EL CRONISTA
LA NACIÓN

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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