CONSTRUCTORAS QUE ADMITIERON PAGAR COIMAS SIGUEN EN LICITACIONES
Hay empresas cordobesas que siguen siendo parte de la Cámara Argentina de la Construcción, se presentan y ganan licitaciones, a pesar de que sus ejecutivos admitieran pagar sobornos. ¿Pueden? Sí, pero no por mucho
Ciudad de Córdoba, abril de 2022. Lejos queda el recuerdo de la intensa cobertura que hicieron los medios de la llamada “Causa de los Cuadernos”. La investigación periodística del diario La Nación sobre los manuscritos del chofer del viceministro de Planificación Federal en épocas kirchneristas, terminó en un desfile judicial de algunos de los empresarios más importantes del país, y generó coletazos en ambos lados de la grieta.
A casi cuatro años de ese suceso, las tres constructoras cordobesas más grandes de la provincia Benito Roggio e Hijos, Boetto & Buttigliengo Construcciones (BBC) y Electroingeniería, a pesar estar involucradas estrechamente en “Causa Cuadernos”, siguen como miembros socias de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), presentándose a licitaciones y ganándolas.
La tríada cementera
Benito Roggio e Hijos empezó como una constructora familiar de un inmigrante italiano, luego se iría consolidando como uno de los grupos empresariales más grandes de Argentina.
Entre sus obras de infraestructura se destacan: el estadio mundialista Chateau Carreras (reinaugurado como Mario Alberto Kempes en 2011), la central de policía, el edificio de los Tribunales Federales y el aeropuerto de Córdoba, la Central Térmica Independencia y el aeropuerto en Tucumán, la vieja Central Termoeléctrica de Bahía Blanca, el Hospital Cosme Argerich y la Torre IBM en Buenos Aires y las autopistas La Plata-Buenos Aires y Córdoba-Rosario.
Aldo Roggio estuvo al frente de la compañía por 40 años, es nieto de Benito, quien fundó la empresa constructora que lleva su nombre. Aldo es el responsable de la diversificación del grupo en otras actividades como recolección de basura (Cliba), suministro y potabilización de agua (Aguas Cordobesas) o transporte (Metrovías).
Para el año 1991, Roggio tenía la concesión del peaje de 1.719 km de ruta (el 17,5% de las licitaciones de ese momento) asociada con otras empresas en las famosas Unión Transitorias de Empresas (UTE), consorcios en donde un grupo de empresas se unen para la realización de proyectos de infraestructura. En ocasiones las UTE incluyen la participación de una empresa extranjera.
De 2003 a 2015 desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se le adjudicaron 22 obras a Roggio por un total de más de 3000 millones de pesos ($3.319.941.386). De las obras otorgadas, 15 fueron de forma exclusiva y 7 bajo la modalidad de UTE; compartiendo consorcios con las empresas Decavial, Romero Cammisa Construcciones, Perales Aguiar, Rovella Carranza, Vialmani, Esuco (perteneciente a Carlos Wagner el ex presidente de CAMARCO) y Eleprint.
Dentro de los proyectos de los últimos años, se destaca el cierre del tramo final del anillo de la Av. Circunvalación Agustín Tosco de la Ciudad de Córdoba. Obra que realizó junto a IECSA (la constructora del Grupo Macri antes de ser vendida) y Boetto y Buttigliengo SA. Todas estas investigadas en “Cuadernos”.
La firma Boetto & Buttigliengo Construcciones SA (BBC) de 2003 a 2015 recibió adjudicaciones por más de 1000 millones de pesos ($ 1.055.783.316) para realizar 11 obras, 2 en exclusiva y 9 bajo la modalidad de UTE con Romero Cammisa Construcciones, Paolini, Helport (la constructora de Eduardo Eurnekian), Electroingeniería y Estructuras.
Por último, Electroingeniería del Grupo Eiling “ganó” 15 licitaciones de obra pública nacional de 2003 a 2015 por más de 900 millones de pesos ($ 948.634.234), 8 con exclusividad y 7 asociadas con las empresas CN Sapag, Boetto y Buttigliengo, Perales Aguiar, CPC (de Cristóbal López) y Contreras Hermanos.
Gerardo Ferreyra fue quien fundó esta empresa, sus oficinas se encuentran camino al aeropuerto de Córdoba. Ex montonero o ERP según a quien se pregunte, tiene fuertes vínculos con Carlos el Chino Zannini (el secretario legal y técnico de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y actual procurador del tesoro de Alberto Fernández) y siempre revalidó fuertemente las banderas del kirchnerismo.
Cimientos flojos
Sin embargo, un día… Benito Roggio e Hijos se vió en el ojo de la tormenta. El CEO de la empresa, Aldo Roggio, fue procesado en 2018 por el pago de presuntos sobornos a Ernesto Clarens (un financista ligado a los Kirchner) en el marco de la instrucción del juez Claudio Bonadío de la “Causa Cuadernos”.
Aldo declaró que fue apretado por el ex ministro de planificación federal Julio De Vido, el viceministro Roberto Baratta, el secretario de obra pública José López y el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, para que le pagara un monto fijo a Clarens, si quería tener los certificados de obra de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este último indicó que Roggio le pagó sólo entre 2008 y 2010 casi 6 millones de pesos ($5.936.194), luego este dinero de presuntos sobornos se lavaría en la financiera Invernes SA del primero.
En el expediente de “Cuadernos” se señala que Ernesto Clarens hablaba personalmente con Mario Eugenio Buttigliengo (el dueño de BBC) por celular, para organizar los envíos de dinero. Hay registros de comunicaciones telefónicas que respaldan esto. Además, Clarens declaró que quien pagaba en sus oficinas del piso 2 de la calle Maipú 311 era el mismo Buttigliengo.
A raíz de Cuadernos, Gerardo Ferreyra, el dueño de Electroingeniería, estuvo preso preventivamente en el penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, por casi un año, cuando le dieron la domiciliaria (fue uno de los más perjudicados por las decisiones del juez Bonadío).
La principal evidencia en contra de él se desprende de las anotaciones de Oscar Centeno, no de las declaraciones de arrepentidos ya que el propio Ferreyra se negó a hacerlo. Según Centeno, el 21 de julio de 2010, Ferreyra le habría entregado personalmente una valija con 4.5 millones de dólares en el subsuelo del edificio de la calle Alem 454 (CABA) a él. El 23 del mismo mes, en el mismo lugar, se realizaría nuevamente la entrega, pero esta vez el monto habría sido de 2.5 millones de dólares. Jorge Neyra, empleado jerárquico de Ferreyra, reconoció que las reuniones con Baratta existieron.
Además, Ferreyra registra comunicaciones telefónicas con Cristina Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, Daniel Muñoz (ex secretario privado de los Kirchner), José López, Ricardo Jaime (ex secretario de transporte), Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de gabinete), entre otros involucrados en la trama.
Aquí no ha pasado nada
Benito Roggio es la empresa que tiene la situación judicial más adversa, ya que no sólo está siendo investigada en Cuadernos, sino también por presuntos pago de coimas en la construcción de dos plantas potabilizadores para AYSA en Tigre (junto a la gigante brasileña Odebrecht).
Sin embargo, las operaciones de Roggio continuarían junto a la empresa Boetto & Buttigliengo siendo beneficiadas con más licitaciones y permaneciendo como miembros socias de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) de la Delegación Córdoba.
Boetto & Buttigliengo y Benito Roggio se presentaron en un consorcio para quedarse con la construcción de la Alternativa Ruta 5 que conectará la ciudad de Alta Gracia con Villa Ciudad de América. Su oferta de 1.995.365.602 pesos compite contra la de Paolini Hermanos de 2.034.988.206 pesos, quien también -sorpresa- aparece en “Cuadernos”.
BBC y Roggio también se presentaron para quedarse con la readecuación del distribuidor ubicado en la Avenida Circunvalación a la altura de la Av. O´Higgins a la Ruta A-103 Camino San Carlos. Otra vez entre sus competidoras aparece Supercemento también sospechada de pagar coimas a nivel nacional.
Tanto Roggio como BBC aparecen como candidatas por diferentes consorcios del primer tramo de obra de 21,8 kilómetros de la Variante Ruta 38 comprendido entre la Variante Costa Azul y el acceso a la localidad de Molinari. Aquí también se presentaron Paolini Hermanos, Chediak y Rovella Carranza, todas investigadas en Cuadernos.
Así fue con la licitación del nuevo acceso hacia Villa El Libertador y conexión Av. Circunvalación Agustín Tosco. Este proyecto de un costo de 1.500 millones de pesos consiste en elevar las calzadas de la Avenida Armada Argentina para que sea más seguro para los transeúntes, accesible a los barrios aledaños y conecte con la salida de la Av. Circunvalación. En este caso, BBC perdió contra Chediak, otra constructora que aparece en Cuadernos.
Pero la Provincia de Córdoba no sería la única que tendería una mano al amigo Mario.
La Municipalidad de Córdoba encabezada por Martín Llaryora, aliado del gobernador Juan Schiaretti, contrató a Boetto & Buttigliengo para varias tareas del municipio.
Así fue que en 2020, la gestión municipal de la ciudad de Córdoba se hizo de los servicios de BBC para las tareas de limpieza del mega basural a cielo abierto de 60.000 m2 de Roque Arias.
A partir del relevamiento realizado, y a diferencia de las primeras dos constructoras, no se encontró que Electroingeniería siguiera presentándose a licitaciones, sea de forma individual como en consorcio. Sin embargo, como se mostró previamente, aún sigue siendo parte de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
A donde hay que apretar
El 8 de noviembre de 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la cual ataca a las personas jurídicas (empresas) y no sólo a los directivos o empleados de esta.
Sólo quedaría exceptuada de responsabilidad la persona jurídica si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para la empresa.
Pero en la “Causa Cuadernos” justamente las que salieron beneficiadas del presunto sistema de cartelización y coimas en la adjudicación de obra pública no son las personas, sino las empresas. Por esa razón, le cabería una responsabilidad plena.
Las penas si son encontradas culpables las empresas señaladas en “Cuadernos” serían de:
– Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido
– Suspensión total o parcial por las actividades no menor a 10 años
– Suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos, o en cualquier actividad vinculada al Estado no menor a 10 años
– Perdidas de beneficios estatales, es decir, contratos o concesiones obtenidas
Fuentes
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Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).