La despenalización del consumo de drogas en Argentina, especialmente del cannabis, ha sido objeto de discusión en el país desde hace varios años. Desde el infame debate en C5N presidido en ese entonces por el periodista Eduardo Feinmman hasta análisis más minuciosos de la cuestión, son muchos los que han hablado de esta problemática sobre todo de los aspectos morales que implican que el Estado regule a través de la penalización las sustancias  que la población puede consumir o no.

En ese orden nos planteamos ¿puede justificarse moralmente el encierro de un sujeto simplemente por el hecho de haber consumido ciertas sustancias? y no menos importante, ¿contribuye a detener el narcotráfico? 

La tenencia de drogas no es delito

Recientemente un fallo judicial de la Corte Suprema (CSJN) declaró inconstitucional que una persona pueda ser castigada por tenencia de drogas para consumo personal. Este a su vez es precedido por otros dos fallos similares, entre los que destaca el famoso fallo Arriola promulgado en 2009 que invalidaba la vigencia del artículo 14 de la ley de estupefacientes que persigue la tenencia para uso personal.

A pesar de esto, las detenciones por posesión de drogas continuaron y continúan. Solo en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo se produjo un aumento de alrededor del 500% contra personas acusadas de consumir drogas entre los años 2019 y 2021: de 4.700 detenciones a casi 30.000,  según informó el portal Infobae. 

La gran mayoría fueron detenidos por usos personales de consumo. Según los datos proporcionados, el 75% de las detenciones se produjeron por tenencia de cannabis y apenas el 17% fueron detenidos por delitos de comercialización, marcando claramente que la persecución se enfoca más en la oferta que en la demanda. 

Un punto a destacar es que la penalización de las drogas impide que las sustancias que se ofertan sean sometidas a una regulación adecuada. Esto genera que mucho de lo que los consumidores consiguen en el mercado ilegal tenga una calidad paupérrima, cuyo consumo puede derivar en casos graves de intoxicación convirtiéndose en un problema de salud pública.  

Pero la salubridad no es la única razón a la hora de cuestionar la prohibición: No son pocos los observadores que han criticado la persecución estatal del consumo de las drogas alegando no sólo su ineficacia en la lucha contra el narcotráfico (producto de la prohibición en sí mismo y sostenido por esta) y en la prevención de la violencia sino también por la carga fiscal que esta supone para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo según estimaciones elaboradas por la organización Reset, entre los años 2016 y 2018, el Estado Argentino gastó alrededor de 2400 millones de pesos en la persecución de personas por poseer drogas, acusadas de quebrantar la ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal en sus distintos niveles así como también el cultivo y la comercialización. La gran mayoría de estas causas fueron iniciadas por la violación de de los artículos 5 y 14 de la ley mencionada que persigue la tenencia y el comercio de estupefacientes respectivamente, sin haber una diferencia en el proceder policial y judicial cuando se trata de consumo personal y venta a terceros.

Sin embargo Marcela Soliani, miembro de la organización libertadxuncannabisdivergente, que defiende a las personas detenidas por tenencia de cannabis afirma en diálogo con El Punto Medio que las estadísticas pueden ser engañosas:

“Nosotros cultivamos y venimos de grupos de cultivo y militancia y nos fuimos juntando. Por el contexto de pandemia se habilitaron el uso de celulares en los penales y a partir de ahí  fuimos conociendo gente que estaba en este problema por lo que nos fuimos agrupando… (…)pero no somos una organización formal más bien un grupo de amigos con los mismos problemas”.

“Es muy difícil la cuestión de los datos. porque un cultivador o un perejil que agarran con tres cogollos para la estadística es lo mismo que un narco(…) El problema es que por más que jamás vendas nada a nadie, la  simple tenencia es indicio de que presupones fines de venta. Entonces se invierte la carga de la prueba (vos tenés que demostrar que no es así)“.

“En 2009 la Corte de Justicia, hizo el fallo Arriola, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal, pero igualmente las políticas de drogas en nuestro país no sufrieron cambios y la criminalización se recrudeció” .

“En pocas palabras funciona algo así, te agarran con cannabis y te acusan de transa (ya sea una denuncia anónima, o por un presunto comprador, lo que sea)… (…)te mantienen en prisión preventiva entre seis y ocho meses y luego te ofrecen una trampa que se llama “un juicio abreviado“, donde para poder salir de la cárcel vos aceptas la culpabilidad . Para poder obtener la libertad de prisión aceptas que sos vendedor (aunque no lo seas) y para no correr el riesgo de ir a juicio que fallen en tu contra y que te condenen a 15 años. Después de 8 meses a dos años en el penal firmas lo que sea para salir, de ahí la trampa”.

La población carcelaria por infracción de la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes (23.737) ha crecido considerablemente en los últimos años. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) citados en un informe de CELS entre 2002 y 2017, los detenidos bajo esta legislación aumentaron de 3345 a 11.784 personas. El mismo informe sostiene que el uso de la prisión preventiva (acusados de un delito que esperan juicio formal privados de libertad) es aún más común en causas relacionadas con drogas que con otros delitos. Esto es relevante si tenemos en cuenta algunos aspectos complementarios. Por ejemplo, el hecho de que el sistema penitenciario argentino padece de una sobrepoblación generalizada desde hace ya unos cuantos años.

Una de estas personas privadas de su libertad es Estela Núñez, presa por tenencia de plantas de marihuana. Ella también es militante de libertadxuncannabisdivergente.

“Estoy detenida desde noviembre del 2020 con mi hijo por la denuncia de mi ex pareja quién me fracturó el cráneo.  Él está detenido por esa causa en la unidad número 9 de la plata. Desde ahí me hizo la denuncia, obviamente él sabía que yo cultivaba ya que soy militante. En ese momento era parte del consejo consultivo del proyecto de Tigre cannabis” según afirma ella.

“Cuando hacen el allanamiento encuentran diez plantas pequeñas y unas cuantas hojas nada más. Por el tema de la violencia de género mi hijo me había dado el espacio para guardar mis cosas por eso él quedó detenido también. Yo soy usuaria cannábica por motivos médicos por eso defiendo el uso de la planta y por eso yo hacía aceite a partir del cannabis ya que padezco de gastritis esofaguitis  y una hernia hiatal. Para mí, el aceite de cannabis fue un antes y un después, de hecho yo ya había hecho varios videos explicando lo bien que me había hecho pero ellos (la justicia) no le dieron importancia” explica Stella.

“El fiscal no vio que la denuncia la había hecho un violento y asumió que yo me dedicaba a la venta, hizo caso omiso a todo lo que le presentaron y no se me permitió buscar un gastroenterólogo para poder demostrar mi condición (…) Cuando logro obtener el turno con el médico,  no consigo asistir porque la comisaria encargada de mi traslado llegó una hora y media tarde después de meses de espera. Para cuando logro ver al medico mi dolencia ya se había agravado”. 

“Lo peor de todo es que diecisiete días después de mi detención,  el presidente declara el beneficio para los consumidores por cuestiones de salud sin embargo a mí me dijeron que como mi caso se había dado antes del decreto no se podía hacer nada. De todos modos, acá sigue habiendo  un montón de gente detenida por cannabis,  todos por lo mismo: tenencia para la comercialización” 

Actualmente Stella lleva casi dos años detenida y se encuentra realizando distintas actividades dentro del penal con la esperanza de que reduzcan su pena.

El cannabis medicinal y sus beneficios

Más allá de sus usos recreativos, el cannabis como vimos en el caso de Stella, tiene un importante potencial medicinal. Según Martin Guzmán de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, hay indicios de que el CBD, un aceite a base de cannabis presenta propiedades “antiinflamatorias”, “antiepilépticas” y anticonvulsionantes” aliviando los síntomas de enfermedades de esta índole. La marihuana medicinal también puede ser bastante útil para combatir el dolor que provocan varias dolencias comunes como la artritis o el glaucoma según diversos estudios. 

Sin embargo, Guzmán enfatiza que aún faltan más estudios para poder demostrar todos los efectos que los productos basados en cannabis puedan tener sobre la salud de un paciente.

¿Qué ocurrió en otros países?

Pero ¿cómo fue la experiencia de la despenalización en otros países? y ¿qué efectos tuvo una vez aplicada? El caso más cercano es el de Uruguay donde el cannabis entró en el curso legal a partir de la promulgación de la ley 19.172 en el 2013. Según el artículo 4 de la misma, su objetivo es “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas”. 

La legalización ha traído nuevas oportunidades económicas: se han creado varias empresas dedicadas al cultivo de cannabis que hoy por hoy dan trabajo a más de mil personas. Así como se ha impulsado el turismo, beneficiado con personas que llegan al país interesadas en el consumo. Sin embargo, una crítica bastante común es que debido al escaso número de locales autorizados para vender no se suele cubrir la demanda lo cual hace que algunas personas sigan recurriendo al mercado ilegal.

Como se esperaba el número de consumidores que recurría al mercado ilegal pasó del 58% al 18% entre 2014 y 2018, algo que se pudo verificar mediante una encuesta realizada por el gobierno uruguayo.

Según la prensa uruguaya el número de cultivadores por cuenta propia inscritos en el registro del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) aumentó a partir de un relevamiento de “la cantidad de fiscalizaciones e inspecciones que hizo el Ministerio del Interior”. Pero en cuanto al número real de consumidores no ha aumentado en el país según un estudio publicado en 2022 por la National Library of Medicine (NIH).

Por último, en épocas de pandemia y cuarentenas en general la legalización no ha aumentado el consumo de cannabis durante la emergencia sanitaria. No obstante si se produjo un aumento temporal del consumo a causa de la ansiedad provocada por el encierro.