La AGN publicó un informe que revela llamativos incumplimientos e irregularidades en las compras directas realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación durante la emergencia sanitaria de Covid-19 de 2020, mientras era ministro Ginés González García.

Los protagonistas: la AGN y el Ministerio

La Auditoría General de la Nación (AGN) es un organismo público creado en el año 1992, con autonomía propia de funcionamiento, pero que recibe instrucciones de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, y asesoramiento de la Sindicatura General de las Empresas (SIGEN).

Este organismo se ocupa de producir estudios especiales, relevamientos de datos y decisiones políticas para controlar de forma externa al Sector Público Nacional, sea la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, instituciones de Seguridad Social, u organismos privados que reciben subsidios.

Su objetivo es revisar las cuentas y detectar posibles anomalías o irregularidades, para promover un uso eficiente y económico de los recursos del Estado, un Estado que está quebrado, por lo que su tarea es más relevante aún. De hecho, con el radical Leandro Despouy al frente, fue uno de los organismos que más colaboraron con información de negociados y corrupción de la etapa kirchnerista como Sueños Compartidos, los trenes de Ricardo Jaime, o la gestión del Grupo Mata en Aerolíneas Argentinas. Aún con menos del tercio de fondos destinado a Fútbol Para Todos (FPT) en 2014.

Las autoridades las componen siete integrantes del Colegio de Auditores, el presidente propuesto por el partido de oposición mayoritario (JxC), actualmente el licenciado Jesús Rodríguez, y seis auditores generales, tres por Diputados y tres por Senadores. Por Senadores está el abogado todoterreno Javier Fernández, el jujeño radical Alejandro Mario Nieva y la licenciada formoseña María Graciela de la Rosa, y por Diputados Gabriel Mihura Estrada, Juan Ignacio Forlón y el asistente de Menem, Miguel Ángel Pichetto.

El Ministerio de Salud es la cartera señalada en presentar las deficiencias nombradas, que en ese momento, estaba a cargo del sanitarista Ginés González García, devenido en turista madrileño.

El flamante ex ministro, que ya había ocupado este puesto en la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo que renunciar por el escándalo del Vacunatorio VIP, donde políticos o familiares de ellos mayormente accedieron antes a las primeras vacunas contra Covid-19 que llegaron a la Argentina. Así fue el caso Hugo Moyano y su familia, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Martín Guzmán, Estela de Carlotto, los padres de Carla Vizzotti, los intendentes santacruceños Héctor Vidal y Federico Bodlovic, este último junto a su familia, un par de funcionarios, dirigentes sociales y periodistas salteños, y todo el gabinete provincial e intendentes de Catamarca.

El escándalo salió a la luz en un extraño episodio donde el periodista Horacio Verbitsky, contó cómo accedió a la vacuna en Hotel Posadas, donde se había instalado un rudimentario centro de vacunación clandestino para quienes tengan los contactos puedan acceder a la tan ansiada dosis.

La causa judicial derivada de estos hechos llegó a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que tiene la causa por el intento de magnicidio a Cristina Fernández, con muchas críticas a determinadas actuaciones en esta, decretó en el caso de los vacunados VIP que se trató más de una inmoralidad que de un delito; ni abuso de autoridad, ni conflicto de intereses, ni tráfico de influencias, algo no ético y por lo tanto no punible.

Los hallazgos

El informe de la AGN determinó que se incumplieron protocolos de procedimiento, de cobros entre presupuestos y órdenes de pago, la falta de documentación como declaraciones juradas de los proveedores y conflicto de intereses con contratistas que dependían de funcionarios de Salud. El documento fue aprobado por todos los auditores, incluso el del Frente de Todos, Juan Ignacio Forlón.

Cabe mencionar que en este informe no se incluyen la compra de vacunas, debido a su cláusula de privacidad. Algo que diputados como Mónica Frade (CC-JxC) reclaman que se levante.

A pesar que la crisis del Covid-19 obligó al país a conseguir insumos médicos y adecuar el sistema sanitario de forma precipitada, Salud actuó con estas atribuciones como si le hubieran dado un “cheque en blanco”, y hasta parte de las contrataciones públicas de emergencia (CPE), con menos requisitos burocráticos, incumplieron su propia normativa, sostiene el documento.

Durante el periodo donde se aprobó la legislación que permitía evitar trámites y ejecutar de forma rápida las disposiciones del Ministerio de Salud, hubo un total de 1216 expedientes de procesos de compras, 21 expedientes en el marco de contrataciones de emergencia, en 11 de ellos se concentraron pagos por un valor de $617.899.598,95.

Uno de los casos de irregularidad se centra en los expedientes de contratación de referencia; los cuales no se especifican las constancias del registro de proveedores (SIPRO), donde se adjunte la declaración jurada de los responsables de las firmas adjudicatarias de las compras. Básicamente no se sabía a qué se dedicaban los dueños de las empresas.

En 4/21 de los expedientes de compras de emergencias las firmas no tenían la cerificación correspondiente de los productos, aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Se compraron productos sin verificación técnica-médica de la ANMAT.

En el expediente EX-2020-20320314-APN-SSGA#MS, se ordenó la provisión de productos a Propato Hnos. S.A., en forma de contratación de emergencia, pero todavía no había tal decreto que permitiera eso. No podría haber sido contratada la firma porque no había acto administrativo que lo permitiese.

A partir de la Orden de Provisión 26438991/202040 se compraron 200.000 camisolines descartables para uso médico al Grupo Sala S.A. por $44 millones, que no estaban aprobados por la ANMAT. Además, en el expediente está la firma de la ANMAT que dice claramente que es “Producto no habilitado para uso médico”.

En el expediente EX-2020-26872833-APN-SSGA#MS, se contrato la firma Aeromedical S.A., cuyo presidente y representante legal estaba siendo empleado por la cartera de Salud, demarcando un claro “conflicto de intereses” y “violación de deberes de funcionario público”, incumpliendo lo estipulado en la Ley de Ética de la Función Pública, el Código de Ética y por la SIGEN.

“Los múltiples hallazgos plasmados en este informe demuestran que, a la hora de efectuar las compras necesarias de bienes y servicios para atender la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud ha relajado todos los procedimientos control interno y se alejó de las buenas prácticas de la administración pública”, leyó Miguel Ángel Pichetto, en su pronunciamiento sobre el informe.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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