De los Derechos Humanos al extremismo político

Hebe de Bonafini fue una de las fundadoras de la Asociación Civil Madres de Plaza Mayo que desde el 30 de abril de 1977 daba vueltas por la Plaza de Mayo al frente de la Casa de Gobierno, más conocida como Casa Rosada.

Su lucha por sus hijos desaparecidos en la última dictadura militar se convirtió en un símbolo de los Derechos Humanos (DDHH) en Argentina y Latinoamérica.

Originalmente las Madres no iban a marchar en círculos alrededor de la plaza pero como estaba prohibida las reuniones de cualquier índole político, la policía las quiso desalojar: “Circulen señoras, circulen”, pensando en que se iban a ir. Las Madres que estaban paradas o sentadas, entonces empezaron a caminar alrededor del monumento Pirámide de Mayo, haciendo caso a la dirección del oficial de estar en movimiento y evitar que la gesta se califique como reunión.

Utilizaron por primera vez el distintivo pañuelo blanco en la cabeza en una peregrinación a la Catedral de Luján por el Día del Virgen. Estos pañuelos en realidad eran pañales viejos de tela, que se usaban en ese momento en bebés. Cuando estaban eligiendo un distintivo para el Día de la Virgen que las diferencie de la enorme marea de gente que iba participar de la peregrinación, Hebe tiró la idea y todas estuvieron de acuerdo. A partir de ahí, las Madres nunca más se sacaron el pañuelo.

Jean-Pierre Bousquet, corresponsal de la France-Presse en Argentina de 1975 a 1980, fue uno de los pocos periodistas que se acercaron a conversar con las Madres y escuchar su testimonio. El fue el hacedor del famoso reportaje donde las Madres denuncian que el gobierno había desaparecido a sus hijos y que sólo reclamaban que les entreguen sus cuerpos.

Otro de los periodistas que le dieron aire a las Madres durante la dictadura, fue la periodista de radio, recién fallecida, Magdalena Ruiz Guiñazú y el inglés Robert Cox, editor del Buenos Aires Herald de ese momento, quien más adelante tuvo que exiliarse por esta razón.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, las Madres fueron parte del juicio contra los comandantes de las juntas militares en 1985, prestaron declaración y apoyaron todo el proceso hasta los decretos de las leyes de “Punto Final”, por el cual no se podía presentar más denuncias de violación a los DDHH después de una determinada fecha y de “Obediencia debida”, por la cual no se podía condenar a subalternos que hayan recibido órdenes de superiores.

Hebe junto a las Madres, también se opusieron fervientemente a los indultos de Carlos Menem de 1989 y 1990 por el cual se liberó de prisión a los comandantes militares condenados y a otros civiles como el ex jefe guerrillero Mario Firmenich o el ex ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Además, rechazó un subsidio que Menem ofrecía a personas con desaparecidos.

Luego de la asunción de Néstor Kirchner, se derogaron tanto las leyes de Alfonsín favorables a los militares como los indultos de Menem. El Congreso anuló estas leyes, se reiniciaron los juicios y volvieron a prisión no sólo los jerarcas del Proceso de Reorganización Nacional sino muchos de sus subalternos que habían sido parte de la represión ilegal.

Durante los 2000, Hebe pasó de ser una militante por los derechos humanos a ser una militante del kirchnerismo y a defender este proyecto político, con mucha vehemencia y violencia. Entre sus dichos más polémicos pidió “probar las (pistolas) Taser con la hija de Macri”, “quemar los campos de los ricos” o su oposición a que el gobierno argentino condene la dictadura venezolana. Esta medida fue tomada por la cancillería de Alberto Fernández, en una votación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de la ONU, donde se condenó la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Esta última está acusada de violar sistemáticamente los DDHH y asesinar extra judicialmente más de 3000 personas por las Fuerzas Especiales (FAES) que responden al régimen chavista.

Sueños robados

En 2011 se acusó a Pablo y Sergio Schoklender de lavar dinero destinado a la construcción de viviendas, a través del programa social Sueños Compartidos, del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, presidido por Julio De Vido.

La empresa constructora a cargo de esto, se llamaba Medorek y su paquete accionario estaba compuesto, 90% por Sergio Schoklender y 10% por Gustavo Serventich. La firma consiguió la licitación debido a la buena relación que tenían Sergio y Hebe De Bonafini. Estos se conocieron en la cárcel de Devoto, cuando la titular de Madres de Plaza de Mayo lo visitó, luego de enterarse, que Sergio había organizado un centro de estudios en el penal.

La causa investiga si los fondos de la partida de dinero por 700 millones de pesos para que se efectivicen las obras fueron desviados.

El juicio inicialmente estuvo a cargo del polémico juez, ya fallecido, Norberto Oyarbide. Pero en 2013 se decidió anular toda la instrucción, apartarlo y reemplazarlo por Marcelo Martínez de Giorgi.

En 2012, los Schoklender fueron detenidos preventivamente. Hebe se intentó despegar de las acusaciones, y la defensa de ella demostró ante la Justicia, en dos oportunidades, que su firma había sido falsificada en los documentos adjudicatarios de la obra.

En la indagatoria de 2016, Marcelo Martínez de Giorgi hizo desfilar a José López, De Vido, los Schoklender, junto a 40 personas más, entre las que estaba Hebe De Bonafini que se no se presentó, por lo que se la declaró en rebeldía y se pidió su detención. Notablemente Martínez de Giorgi esperó a que cambie el gobierno para llamar a declarar a los testigos, habiendo pasado cuatro años entremedio. Los tiempos de la “Justicia”…

Luego de hacer una auditoría sobre las obras, se determinó que habían sido completadas en un 70/80% del total y que se habían utilizado 500 de los 700 millones presupuestados. Los Schoklender habrían desviado esos 200 millones para su uso personal, además de no pagar a los operarios las cargas sociales correspondientes y la ART.

Los argumentos por los cuales se terminó procesando a los hermanos Schoklender, la titular de las Madres, Hebe de Bonafini, los funcionarios del Ministerio de Planificación y Obras Públicas; De Vido (en segunda instancia, ya que Martínez De Giorgi le había dictado falta de mérito), José López y Abel Fatala, y el dueño de la financiera involucrada, Fernando Caparrós Gómez, fueron:

– No se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y se saltearon los controles estatales.

– Se descontaban los cheques oficiales en cuevas de “la city” por efectivo, que era depositado en cuentas bancarias de los mismos Schoklender o de allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) y en financieras como la de Caparrós Gómez  ($22.286.127).

– Se comprobó que la titular de Madres de Plaza de Mayo dió el consentimiento para la contratación de Medorek, la constructora de los Schoklender.

El juicio oral está a cargo del Tribunal Oral Federal N°5, el mismo que juzgó a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, por la causa “Hotesur y Los Sauces”, donde se la sobreseyó sin llegar a juicio oral a ella y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a pesar de la enorme cantidad de evidencia revelada primero en denuncias periodísticas y luego en la investigación judicial. Por esto, el fiscal apeló y la causa se reabrirá seguramente.

Once años han pasado desde que se hizo la denuncia de Sueños Compartidos y el juicio todavía no tiene fecha.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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