RADIOGRAFÍA DE LAS TASER: ¿SÍ O NO?

Lo que parece un tema sencillo de abordar, en realidad es más complejo de lo que parece. El debate por su uso se reabrió luego que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunciara la compra de 100 de estos equipos

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¿De qué hablamos cuando hablamos de una Taser?

Las pistolas Taser cuenta con dos dardos que son eyectados con nitrógeno comprimido a 50 m/s hacia el presunto agresor, que se accionan también mediante un contacto directo con él, con una potencia de entre 54-72 microCoulombs y una corriente agregada de 0,0012 Amperes (A), provoca 19 contracciones musculares por segundo, logrando una inmovilización total del individuo.

Las taser se utilizan en más de 107 países y en algunos de ellos, hace más de 20 años. En EE.UU., “alrededor del 90% de las aproximadamente 18.000 agencias policiales de Estados Unidos ahora emiten pistolas Taser”, según indica la Agencia Reuters.

Entonces… ¿Cuál es la polémica con estas armas “no letales”?

La postura a favor

Sus promotores sostienen que un arma de estas características posibilitaría reemplazar el uso de un arma letal, como puede ser un arma de fuego, para determinadas situaciones donde hay que someter al agresor, y, que en principio, lograría evitarle lesiones severas o su muerte.

Así lo sostienen varios especialistas como Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad de la gestión de Patricia Bullrich, que en 2019, en el marco del intento de adquisición de estos equipos, señaló que: “Se les va a dar un uso para evitar la utilización de armas de fuego en grandes conglomeraciones de gente y que no haya terceros heridos”, es decir, en reemplazo de las armas letales.

Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad (2015-2019).

En esa línea, Diego Fleitas, investigador de la Asociación de Políticas Públicas y profesor sobre Tendencias Delictivas en la Universidad de Tres de Febrero, indicó que: “Se recomienda tenerlas y usarlas con los adecuados protocolos, entrenamientos y precauciones, pero son muy importantes porque evitan el uso de armas letales y, además, protegen a los agentes en situaciones en las que podrían verse arrinconados”, explicaba el también ex director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad nacional durante el gobierno de Cambiemos.

Ademas, un pormenorizado estudio del Nacional Institute of Justice (NIJ), ha encontrado que, cuando se usan correctamente, las armas Taser reducen la tasa de lesiones sufridas tanto por la policía como por las personas a las que confrontan.

La postura en contra

Por otra parte, organismos de derechos humanos y especialistas plantean, basándose en evidencia empírica también, que estás armas “no letales”, bueno, primero, que no son tan “no letales” como dicen, ya que pueden llegar a producir la muerte, aunque las probabilidades son mínimas, y segundo, alertan que las pistolas Taser, en ocasiones, debido a la falta de un protocolo y marco normativo claro, no se usan en reemplazo de armas de fuego, sino como un extra, es decir, además del arma reglamentaria.

Así lo sostiene un informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), cuyo presidente es el abogado Mariano Ciafardini, quien sostiene: “El hecho de considerarlas erróneamente como ‘armas no letales’ puede dar lugar a su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto, lo que se ha demostrado que involucra un incremento no sólo de los casos de tortura sino también de las muertes de personas incluso desarmadas, implicando graves violaciones a los derechos humanos”.

Amnistía Internacional señala la falta de un marco regulatorio de uso y el riesgo que representan como instrumento de tortura, por la falta de registros visibles en el cuerpo de los que son sometidos, además del “sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que está utilizando”, ya que “muchas veces son utilizadas en modo `aturdimiento´ a partir de la descarga continua o prolongada si se aprieta reiteradas veces el gatillo o se mantiene apretado, con la intención de infligir dolor, lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La entidad internacional había contabilizado cerca de 500 personas muertas en EE.UU. hasta 2012 como resultado de descargas eléctricas de Taser. La cifra ascendió a 700 hasta 2016.

Amnistía Internacional es un organismo no gubernamental global de defensa de los DD.HH. en todo el mundo.

Por lo menos, de forma momentánea “hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos”, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego.

Uno de los requisitos que requirió Amnistía para una eventual autorización de estas armas, fue “asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”. Además, propuso “prohibir terminantemente su uso contra mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas…”.

La organización destaca que el Comité contra la Tortura de la ONU determinó que ese tipo de armas deben ser utilizadas “sólo en situaciones extremas y limitadas cuando haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves” y por eso mismo, aconsejó prohibirlas para guardiacárceles.

“El mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos”, resume el documento de Amnistía del 2023.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tomando varios argumentos de Amnistía, también “agarró el guante”, y cuestiona el poco o nulo protocolo que tienen las pistolas Taser, y alerta que este tipo de armas “conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”.

En una minuciosa investigación, la Agencia Reuters registró más de 1000 muertes en EE.UU. luego de un descargo de Taser hasta 2017.

De las 1.005 muertes documentadas relacionadas a uso excesivo de las Taser, Reuters obtuvo el informe de la autopsia de 712 cuerpos, de los cuales, 153 (más de una quinta parte), se citó la Taser como causa o factor contribuyente en la muerte, generalmente como uno de varios elementos que desencadenaron la fatalidad. La mayoría de las otras autopsias citaron una combinación de condiciones médicas y cardíacas, uso de drogas y varias formas de trauma.

Particularmente personas con problemas mentales, adicciones o problemas cardiovasculares tienen una propensión a morir de una descarga. Por lo que, está claro, que no se puede usar una Taser a la ligera, como planteó el diputado Martín Tetaz, muy suelto de cuerpo, al igual que hizo con los créditos UVA.

Es por ello, que se necesita un manual de uso que contemple estas variantes, para indicar cuándo tirar del gatillo y cuándo no.

Argentina: ¿Cómo fue el camino de las Taser?

Pistola Taser X26, el modelo que adquirió tanto el Gobierno de la Ciudad como Nación.

Luego de varios alertas y pedidos de información pública de Amnistía y el CELS, en 2019, el Gobierno de la Ciudad aprobó en la legislatura adquirir el equipamiento. Sin embargo, faltaba tiempo para que desembarquen.

Pasaba el tiempo, y en octubre de 2022, el Gobierno porteño decidió presentar un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde denunció que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) -ex RENAR- no autorizó la importación de las armas cuya adquisición había aprobado y nunca contestó a las intimaciones de CABA ni de la empresa.

Finalmente, un juez falló a favor de CABA y le dio un plazo de 30 días a la ANMAC para resolver la situación.

A nivel nacional, el ministerio de Seguridad, en épocas de Patricia Bullrich también aprobó un protocolo para usar estás armas de electrochoque. Pero no era un protocolo, sino simplemente un decreto que las reglamentaba. Se pidieron 100 armas.

Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad (2016-2019), fue quien aprobó el uso de las Taser en 2019.

Pero la decisión quedó sin efecto luego de que se derogara la normativa por orden de la antropóloga Sabina Frederic.

Durante 2023, luego de la muerte de una policía de la Ciudad con su propia arma de fuego, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció que iba adquirir, finalmente, esas 100 unidades. Amnistía nuevamente recomendó suspender la compra.

Una postura humana

¿Es imperioso sumar estas armas al equipamiento policial? Sí. ¿Existe un marco normativo sobre cómo y con quién usarlas y con quiénes no? No.

Las leyes están para regir el común de las personas, bajo ese paradigma, es imprescindible que las fuerzas de seguridad sepan con quiénes no pueden utilizar esas armas, y con quiénes sí. Para ello, es necesario un protocolo de uso y no un simple decreto como hizo Patricia Bullrich, y menos aún no considerar su valor como hizo Sabina Frederic.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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