CARLOS MENEM: MUCHO MÁS QUE EL UNO A UNO
El expresidente está muerto. Es justo recordar no sólo su legado económico, sino el institucional: un ejemplo de cómo garantizar la impunidad de él y sus funcionarios
Capítulo 1: el Planeamiento
Para poder lograr que no se lo controlara ni a él ni a sus colaboradores realizó varias jugadas:
El copamiento de la Corte
Menem hizo la Corte Suprema (CSJN) a su medida. Amplió la CSJN de 5 a 9 miembros. El truco era que siempre 5 ministros votaran a favor de los intereses del gobierno, a la que se le llamó la “mayoría automática“.
Los cinco jueces de la “mayoría automática“ que siempre votaban a favor del gobierno en sus dictámenes eran: Julio Nazareno (acumuló 400 pedidos de juicio político), Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo Fernando López y Antonio Boggiano (padre del economista liberal Miguel Boggiano).
La limpieza del Tribunal de Cuentas
A raíz de varias investigaciones y pedidos de información que salieron a la luz como la compra del entonces ministro de Acción Social, Eduardo Bauzá, de 1.3 millones de guardapolvos a una empresa fantasma, la tasación irregular de Aerolíneas Argentinas (AA) y otros negocios espurios del menemismo; removieron a 4 de sus 5 miembros y pusieron gente que no molestara. Además Roberto Dromi, ministro de obras y servs. públicos creó la Controladuría General de la Nación, como organismo pantalla.
Designaciones claves en la Procuración del Tesoro
Este preside el cuerpo de abogados del Estado, asesora al ejecutivo e instruye los sumarios a funcionarios. Fueron designados César Arias, Carlos Alfredo García y Jorge Maiorano para enterrar el pedido de coima de Emir Yoma (hermano de la primera dama Zulema Yoma) en lo que se conoció como el Swiftgate.
Decapitación de la IGJ
Hicieron renunciar a Alberto González Arzac, titular de la Inspección General de la Justicia (IGJ), después de realizar algunos cuestionamientos legales sobre la privatizaciones de AA y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Decretazo contra la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
Su titular Ricardo Molinas fue eyectado con un decreto, totalmente inconstitucional, por empezar a denunciar hechos de corrupción del gobierno menemista. Su caso llegó a la Corte y la mayoría automática ratificó esto.
Capítulo 2: un robo explosivo
El expresidente pasó por un total de 5 juicios orales.
Caso Armas: un pueblo entero
El primero estuvo relacionado con la “Venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador“. Ambos países tenían prohibiciones internacionales de aprovisionarlos con armamento bélico. El cargamento originalmente destinado a Venezuela y a Panamá, fue a parar a Ecuador que estaba en guerra contra Perú y a Croacia sumergida en la Guerra de los Balcanes.
Cuando la investigación judicial mostró avances, en 1995, la fábrica militar de Río Tercero voló por los aires. Ocasionando la muerte de 7 personas, más de 300 heridos y la ciudad destruida. Según lo determinaron las investigaciones posteriores, las explosiones estuvieron destinadas a destruir las pruebas sobre el faltante de material bélico que había sido contrabandeado.
Sobresueldos: el olvidado
La causa por los “Sobresueldos“ comenzó en 2003 y dió un vuelco cuando la ex secretaria de medio ambiente, María Julia Alsogaray, juzgada por enriquecimiento ilícito, trató de justificar su incremento patrimonial por sobresueldos que se pagaban a funcionarios de Menem.
Esto reavivó las sospechas sobre el riojano. Un testigo, Wilfen Roberto Martínez Medina, quien fue secretario de Raúl Granillo Ocampo (secretario legal y técnico de Menem), confesó que era una práctica común y que él mismo iba a retirar sobres con dinero a la Jefatura de Gabinete que estaba a cargo de Eduardo Bauzá. E indicó que fue Menem quien “habilitó el sistema de pago y que pudo haber evitado la distribución del dinero, pero no lo hizo“. Según la investigación, se destinaron más de 4000 millones de pesos (4.152.827.200) al pago de sobresueldos de partidas de gastos reservados para seguridad e inteligencia.
Venta fraudulenta a La Rural: el regalo
La “Venta a precio vil del predio de Palermo a la Sociedad Rural“. En 1991 el Estado vendió el predio en 30 millones de USD, apoyándose en una tasación irrisoria en la que participaron funcionarios del Ministerio de Economía y de los bancos Ciudad e Hipotecario, con la anuencia de Menem.
Entorpecimiento del Caso Amia: la historia sin fin
En sus gobiernos ocurrieron los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la mutual judía AMIA. Cuando empezaron las pesquisas judiciales ocurrió un “Entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA“. Se acusó a Menem de proteger a un comerciante de origen sirio, Alberto Kanoore Edul, involucrado en el atentado y de fuertes vínculos con la familia presidencial. Según trascendió, se intercedió ante el juez Juan José Galeano para que no lo investigue, por esto el magistrado fue destituido.
Capítulo 3: no lo toquen al Carlos
Por el “Caso Armas“, Menem estuvo preso domiciliariamente durante 5 meses cuando explotó el escándalo, hasta que “la mayoría automática“ lo exculpó. Tiempo después fue condenado en segunda instancia, pero apeló y la Corte Suprema volvió la causa a la Sala I de Casación Penal, que nunca se expidió. Al mismo tiempo que Miguel Ángel Pichetto nunca avanzó en desaforarlo, ni hubo intención de Cristina Fernández, aún con mayoría parlamentaria en ambas cámaras.
Por los “Sobresueldos“ fue condenado junto a Domingo Cavallo y a Raúl Granillo Ocampo, pero gracias a los fueros que son “eternos“, nunca se hizo efectiva la condena. Por la “Venta fraudulenta a La Rural“ fue condenado en primera instancia junto a Cavallo, pero fueron absueltos en segunda. Por el “Entorpecimiento de la investigación de la AMIA“ fue absuelto por prescripción de delitos.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).
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Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).
