La semana pasada en el edificio de Tribunales II donde funcionan los juzgados penales de Córdoba se vivió un hecho bizarro, que se tornó público a través de una revelación del conocido programa televisivo de media mañana, “El Show del Lagarto“, varios empleados judiciales afirman haber visto a un auto moviéndose de forma extraña en la playa de estacionamiento lindante al edificio, algo que generó sospechas y que terminó siendo en realidad dos funcionarios teniendo sexo.

Aparentemente los involucrados son el fiscal de instrucción del distrito 6, José Alberto “Pirulo” Bringas (de 70 años), quién tiene la causa de la mafia de los medicamentos contra la Apross*, y la prosecretaria de uno de los juzgados, Norma Llanos (de 55 años), quienes habrían estado teniendo relaciones sexuales en el vehículo de uno de ellos, lo que llevo a uno de los cuidadores de la playa a revisar el auto, encontrándose con ellos dos en pleno acto sexual.

En comunicación con El Punto Medio, Claudio Ñeri, secretario de la Oficina de Ética del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) explicó que quien tiene la responsabilidad de hacer la investigación preliminar, comprobar los hechos y expedirse en un dictamen es la Secretaría de Sumarios Administrativos.

Sobre este dictamen, Tristán Quiles de la Secretaría de Sumarios Administrativos dijo a El Punto Medio que la investigación preliminar está en su etapa final. Para esta ya se tiene en posesión las grabaciones de cámaras del día en que ocurrió el suceso y el registro de las entradas y salidas del predio estacionamiento del edificio de Tribunales. Se espera que en esta semana el dictamen esté listo.

Presentado el dictamen, las partes de los acusados (sus abogados defensores) pueden apelar contra la prueba presentada. Si se los encuentra culpables, la prosecretaria podría tener desde una sanción o cesantía de labores, a ser despedida. En el caso del fiscal por ser elegido con acuerdo al poder legislativo, en este caso, la legislatura cordobesa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) podría realizar, si lo encuentra pertinente, un yury de enjuiciamiento a través de un jurado popular, en el cual podría ser destituido.

La vida privada de cada persona, mientras no califique como delito, es su vida privada. Pero en este caso tanto el fiscal Bringas como la prosecretaria estaban en la vía pública, en el estacionamiento donde concurren empleados judiciales a dejar sus autos. Esto está prohibido por ley, considerado exhibicionismo. El TSJ tiene la posibilidad de efectuar una sentencia acorde a los hechos y dar el ejemplo, más al tratarse de personas que trabajan en el cumplimiento mismo de las leyes.

*Administración Provincial de Seguro de Salud

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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