La coparticipación es un sistema que data del año 1988 y que fue modificado en el año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional (CN) de Carlos Menem. Lo que hay que entender del funcionamiento de este, es que es un sistema por el cual se le transfieren recursos de provincias más productivas a menos productivas, para, en teoría, promover mayor equidad de recursos y oportunidades a los diferentes distritos. 

¿Cómo funciona el sistema? Ganancias e IVA que son recaudados por las provincias, van a parar a la Masa Coparticipable Neta, la cual por ley se divide, el 57,36% del total va al conjunto de las provincias, el 40,24% al Tesoro Nacional, el 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN) y el 1,4% a CABA.

Pero entremedio pasaron cosas, en 2016, Mauricio Macri dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se traspasó a 20.000 efectivos de la Policía Federal, para la creación de la Policía de la Ciudad. Por esto, se aumentó la coparticipación del 1,4% al 3,75% a CABA, luego en 2018 fue disminuido al 3,5%.

Sin embargo, en el año pandémico del 2020, ya al frente del Ejecutivo, Alberto Fernández y en el marco de un paro de la Policía Bonaerense a Axel Kicillof, le retiró esos fondos extras a la CABA y se los dio a la Provincia de Buenos Aires para que haga frente a la protesta salarial de la policía, mediante la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Fffba). El Presidente instrumentó la medida a través de un decreto y sin consultar al responsable del distrito afectado, es decir, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, constituyendo una ilegalidad y dando comienzo a un conflicto que persiste hasta el día de hoy y que mezcla aspectos viejos con nuevos.

En función de la quita hecha, Larreta presentó un amparo frente a la Corte Suprema (CSJN), pero mientras el máximo tribunal resolvía la cuestión, para hacer frente al faltante de recaudación, subió y creó nuevos impuestos como los incrementos del ABL/Inmobiliario que incluye la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos), el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas) y la creación del tributo a las Tarjetas de crédito del 1,2%, que tributa todo porteño que utiliza este método de pago (este último recaudó alrededor de 50 millones de pesos en 2022).

Hay algo particular con Larreta y estos fondos, en el escrito presentado ante la Corte (CSJN) figura que CABA necesitó 24.500 millones de pesos para solventar los nuevas fuerzas en 2020. Pero durante el DNU de Macri se le giró 86.000 millones de pesos más de lo que gasta en policía. La Oficina de Presupuesto del Congreso en 2021 investigó esto, pero hasta el momento no se conocieron resultados concluyentes.

A finales de 2022, salió el fallo de la Corte y ordenó que la Nación le devolviera los fondos a CABA. El Gobierno de Alberto Fernández, primero, amago con desconocer el fallo, luego pagar mediante bonos, algo que rechazó el Gobierno de la Ciudad.

En ese contexto, fruto de la filtración de unos chats privados del celular del ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, que en una primera etapa apuntaron a un variopinto conjunto de jueces federales, directivos de medios y al mismo D’Alessandro, y una reunión que tuvieron unos días en el sur.

Semanas después, le siguió una segunda filtración que volvió a poner en el “ojo de la tormenta” a D’Alessandro y su implicancia en negocios con el servicio de grúas de la CABA, que le costó su puesto.

En estoa chats también aparece un tal Silvio Robles -un personaje ignoto para el gran público- asesor del ministro de la Corte, Horacio Rosatti, que en los chats filtrados sugiere que tenía contactos con D’Alessandro, y por lo tanto, con Rosatti, y donde se habló del fallo de la coparticipación.

En ese contexto, y a pesar de que el Frente de Todos (FdT) no tiene los votos necesarios para enjuiciar políticamente a la Corte Suprema, Fernández dio inicio a la embestida contra el máximo tribunal. 

La principal prueba son los chats que mantuvo Robles con D’Alessandro, y que involucrarían el fallo mencionado, pero hay un pequeño problema, intervenir un celular, sin orden de un juez, es un delito. En función de eso, el fiscal Carlos Stornelli, con justa razón ya que no se sabe todavía de donde salieron esos chats (se sospecha de una cárcel de la capital de Misiones) y apoyado en la teoría jurídica del fruto envenenado, donde no se puede partir de una ilegalidad, sobreseyó a Robles.

Pero el Gobierno fue por más y le ordenó al secretario de Derechos Humanos, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, que presente un informe ante el Consejo de los DDHH de la ONU, planteando que la Corte está socavando el orden republicano y en conjunto con los tribunales, los medios y la oposición están orquestando desde el arribo de Mauricio Macri al poder, el “Lawfare”, la presunta guerra mediático-judicial contra dirigentes populares del Cono Sur. Algo que desde El Punto Medio desmentimos varias veces.

Cuestión que la ONU ya respondió el planteo de Pietragalla de forma categórica y señaló en un hilo de tweets que “asegure la plena independencia del poder judicial y de los fiscales”, “mejore las condiciones en las prisiones” y “garantice la legalidad en el uso de la fuerza y investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.

Ahora… hubo 13 mandatarios provinciales que acompañaron a Fernández en la locura de querer hacerle juicio político a la Corte Suprema. ¿Por qué? porque en más de 30 años no pudieron generar condiciones de empleo privado y fondos genuinos para autosustentarse y necesitan de los fondos de Nación para sobrevivir. Además, que tampoco se reunieron para discutir una nueva ley de coparticipación planteada en la Reforma de 1994. Lógico… si a estás provincias les conviene.

En base a los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), La Rioja depende un 89% de los recursos nacionales; su gobernador Ricardo Quintela es un férreo militante del juicio a la Corte, le sigue Jujuy con el 88%; que no se sumó al pedido de juicio por la pertenencia del gobernador Gerardo Morales a Juntos por el Cambio (JxC), aunque su vice, Carlos Haquim sí cuestionó a la Corte, Catamarca recibe el 85%; también apoyó el juicio, Santiago del Estero el 83%; su jefe provincial, Gerardo Zamora fue quien denunció penalmente al asesor Robles, Formosa el 81%; el eterno Gildo Isfrán también apoyó el juicio o Chaco el 74%; cuyo gobernante Jorge Coqui Capitanich fue el lobbysta del FdT frente a los gobernadores del interior. ¿Se va entendiendo?

Sin embargo, de lo que Fernández le sacó a CABA en 2020, ni un solo peso les llegó a las provincias, fue para Buenos Aires. Ósea, lo que pretenden es sacar una tajada de los fondos frescos que tiene en su poder Axel, el gobernador.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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