Tal vez el mayor logro de Mauricio Macri no fue en llegar a la presidencia sino lograr un refreshment de su imagen en parte importante del imaginario social del votante de derecha de Argentina. Una gran parte de la ciudadanía sigue pensando al día de hoy que el de los negocios opacos con el Estado era Franco Macri, su padre, y que él no tuvo nada que ver en las causas judiciales originadas de estos, previas a su incursión en política. Lamentablemente… los hechos dicen otras cosas.

Contrabando: Caso Sevel

En 2001, como presidente de Sevel, fue procesado al igual que su padre, Franco Macri por contrabando de autopartes desde Uruguay. 

La Cámara de San Isidro dió por probado la evasión de 55 millones de USD, por no pagar IVA (del 18% entonces) y anticipo de Ganancias. Pero en 2002, la “Corte Suprema menemista” de la mayoría automática anuló la condena. De hecho, el “Caso Sevel” fue uno de los casos testigos que tomó la Cámara de Diputados para destituir a los miembros de la “Corte menemista“.

Pero además en 1995, unos días después de que Sevel haya pagado a la Dirección General de Rentas (DGI) el monto capital de 55 millones, Domingo Cavallo sacó el decreto 493 que eximía del 100% de los intereses a las empresas que pagaran antes de esa fecha el monto capital. Lo que se conoció y estudió en las facultades como el “Decreto Sevel“, ya que se especula que fue un decreto ad hoc (a medida) de las necesidades de la empresa.

¿La pelota no se mancha?

Como presidente de Boca Juniors se lo acusó de administración fraudulenta, de tener vínculos con la barra brava pero sobretodo de hacer negociados con la compra y venta de jugadores como los casos de Jorge “El Patrón” Bermúdez, Carlos Tévez, Fernando Gago y Sebastián Battaglia (actual director técnico del “xeneize”). Estos últimos tres, el club le pidió que renunciaran al 15% de lo que les correspondía de la transferencia a otros clubes.

Para llevar adelante la compra y venta de jugadores se creó el Grupo HAZ, una sociedad radicada en Gibraltar, que es uno de los paraísos fiscales que existen. La “H” por Fernando Hidalgo, la mano derecha del empresario futbolístico millonario Gustavo Mascardi; la “A” de Gustavo Arribas, escribano de SOCMA, según algunos, testaferro del mismo Mauricio y quién después sería jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la “Z”, de Pinhas Zahavi, del grupo de rusos que se hicieron multimillonarios con las privatizaciones de Rusia, luego de la caída de la URSS, y quienes encontraron la forma de blanquear dinero con la compra y venta de jugadores.

Un dato no menor, es que en 1995, Macri recibió Boca con un pasivo de 22 millones de pesos y en 2008 lo entregó con uno de $110 millones. Cuando entremedio se vendieron jugadores por $82 millones, de estos solamente $40 M fueron al club. Ninguna de estas denuncias prosperó.

El espía

Mauricio Macri fue Jefe de Gobierno de CABA de 2007 a 2015. De las denuncias judiciales que le hicieron, la única que trascendió fue la causa por “espionaje y escucha ilegal en CABA”, impulsada por el icónico fallecido fiscal Alberto Nisman.

En esta causa judicial fue procesado por montar una estructura paraestatal, integrada por la policía federal y ex policías para espiar políticos opositores y propios. La causa la llevó el icónico fiscal fallecido en 2015, Alberto Nisman.

Al final no se encontraron pruebas o se cortaron por lo bajo las responsabilidades, y para 2015 el fiscal Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento y el juez Sebastián Casanello lo autorizó. Para ese momento, Macri ya había asumido como presidente, haciendo explícita la máxima que se repite sobre el comportamiento de la justicia argentina: “mientras sos poder no te investigan”.

En 2020, a raíz del cambio de gobierno, funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontraron una carpeta con nombres de quienes habían sido supuestamente espiados. Sorpresivamente, la lista iba desde dirigentes opositores de ese momento como Cristina Fernández a propios como Horacio Rodríguez Larreta y periodistas como Hugo Alconada Mon.

Los principales procesados son Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ex jefes de la AFI. No así Mauricio Macri quien todavía no se le encontraron vinculaciones. La causa está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Franco Picardi, quien hasta ahora sólo pudo confirmar 43 personas espiadas de las 354 de las que señaló la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezada por el diputado Leopoldo Moreau. 

El informe de la comisión también habla de “Lawfare”, la guerra mediática- judicial que supuestamente impulsan gobiernos de derecha contra dirigentes populares. Algo que en El Punto Medio desmentimos en un documentado informe.

Sin embargo, hasta ahora la hipótesis de la fiscalía es que no se trató de un plan sistemático de vigilancia, bien orquestado, sino de un descontrol de cierto grupos descentralizados de la AFI, con foco en determinadas personas. Resta esperar, pero a priori pareciera un intento de cortar por lo bajo las responsabilidades.

Cuando lo viejo se mezcla con lo nuevo: Panamá Papers

Esto surgió a raíz de una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada Panamá Papers, la cual trabajó sobre filtraciones de miles de nombres de clientes con sociedades en paraísos fiscales del estudio de abogados Mossack Fonseca.

La pata argentina encabezada por La Nación e Infobae revelaron el nombre de Mauricio Macri en 2016. Y al poco tiempo fue denunciado por poseer cuentas en sociedades off shore que no aparecían en la declaración jurada de su patrimonio (DDJJ), ni tampoco en el fideicomiso (fondo donde transfiere una persona todos sus activos, para que un tercero lo maneje) que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Laura Alonso, ex titular de la OA, desestimó las denuncias y manifestó que tener cuentas en socs. off shore no es un delito en sí mismo. Lo cual es verdad, si no pertenecen a un negocio ilícito, o, si están registradas en el patrimonio presentado ante la AFIP. Algo que Macri omitió en su DDJJ.

La Unidad de Información Financiera (UIF) señalo que Macri había sido director en los años 80′, de una de las sociedades off shore del Grupo Socma, llamada Kagemusha. Macri explicó que fue puesto unilateralmente por su padre, Franco Macri, sin ningún tipo de consulta previa. Por esto, Mauricio denunció a su padre ante la Justicia. Tiempo después, las investigaciones preliminares determinaron que Mauricio no tenía nada que ver y fue sobreseído.

Pero en 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) presentó una presentación judicial denunciando que el fallo habría sido armado por operadores judiciales del macrismo para desligar totalmente la responsabilidad del ex presidente en este caso. La IGJ dice que Macri no tenía forma de no saber que era parte de las sociedades: Flegg Trading Ltd., en Bahamas, y Kagemusha S.A, en Panamá, ya que tanto su padre como él, participaron en la designación de las autoridades directivas que los precedieron. Por eso, la IGJ plantea que se declare como cosa juzgada írrita, es decir, que se anule el sobreseimiento y se reabra la causa.

De los dos lados del mostrador: Correo Argentino

La empresa Correo Argentino fue propiedad de la familia Macri y tenía una deuda con el Estado de más de 296 millones de USD por no pagar el canon correspondiente al Estado argentino por la concesión del servicio de correo de 1997 a 2003. Esta fue una de las razones por las que Néstor Kirchner estatizó los activos de la empresa, pero no sus pasivos.

En 2017, Oscar Aguad, ministro de Telecomunicaciones de entonces, aceptó el acuerdo de deuda que planteaba la familia del presidente. La fiscal del caso, Gabriela Boquín, estimó que el acuerdo provocaba un perjuicio a las arcas del Estado de 70.000 millones de pesos. Por esto se lo imputó a Aguad y a Mauricio Macri.

A raíz de esto, se abrió una causa judicial, a cargo de Ariel Lijo. Este encargó un estudio a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema. En 2021, Dajudeco, en un detallado informe, señalo que la quita de deuda fue de un 92% y que el acuerdo de deuda claramente representó un perjuicio para el Estado nacional.

Cabe mencionar, que la gran mayoría de las causas en las que estuvo implicado Macri, no llegan a la sexta etapa del proceso penal, el cierre de la investigación. El resultado, las causas quedan en el famoso limbo del archivo. Esperemos que no pase lo mismo con las actuales.

También es verdad que como ocurrió con Cristina Fernández, al ser figuras con mucha exposición y poder dentro de la política, se utilizan algunas causas judiciales con el objetivo mancillar el honor y el buen nombre con fines electoralistas (de igual manera ambos tienen causas con mucha evidencia en contra). En el caso de la primera, las causas del Memorándum con Irán o el Dólar Futuro fueron un claro ejemplo, y en el de Macri, las del hundimiento del submarino ARA San Juan, o el intento de judicialización del acuerdo con el FMI.

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David Busso

Editor jefe en El Punto Medio, especialista en periodismo de investigación, con experiencia en gráfica, radio y portales digitales.
Periodista y Lic. en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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